Barcelona (EFE).- Un juez de Barcelona ha aplicado la amnistía al exconseller de Interior Miquel Buch y a una decena de exdirectivos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), entre ellos el actual diputado de Junts David Saldoni, investigados por el supuesto desvío de 613.573 euros de la entidad municipalista para el ‘procés’.
Así lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona en un auto, adelantado por El Món y al que ha tenido EFE, en que concluye que en este caso es de aplicación la amnistía.
El juez también destaca además que en el caso de Saldoni no se aprecian indicios de delito que justificaran elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se posicionara sobre la ley de amnistía.
La amnistía extingue la responsabilidad criminal
Por este motivo, el juez acuerda en su auto, que se puede recurrir, el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones y declara extinguida toda la responsabilidad criminal de los investigados.
La causa ahora amnistiada se abrió en el juzgado en septiembre de 2019 a raíz de una querella de la Fiscalía, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude, contra varios directivos de la ACM, entre ellos Saldoni, acusados de desviar desde 2015 un total de 613.573 euros de esta entidad municipalista a la creación de estructuras de Estado y a la celebración del 1-O.
Posteriormente, en abril de 2021, a instancias de la Fiscalía, se amplió la investigación al exconseller de Interior Miquel Buch, que había sido presidente de la ACM entre 2011 y 2017.
La causa se cerró en 2021 y se reabrió en 2023
La Audiencia de Barcelona acordó en julio de 2021 el sobreseimiento de la causa, en una dura resolución en la que denunció las «sucesivas vulneraciones» de derechos por parte del juez, que «renunció» a controlar la investigación, y de la Fiscalía, por actuar «a espaldas» de los sospechosos.
La Fiscalía recurrió y el Tribunal Supremo acordó en junio de 2023 reabrir el procedimiento al considerar que el cierre fue precipitado.
Un anónimo enviado a los Mossos
La investigación por este caso se inició a raíz de un anónimo recibido por los Mossos d’Esquadra -que lo llevaron a Fiscalía y solicitaron acceder a información fiscal de la ACM- y por un informe de la Policía Nacional sobre el papel de la entidad en la financiación del ‘procés’.
La Fiscalía de Barcelona acordó abrir diligencias en enero de 2018 para investigar el supuesto desvío y, dos meses después, dictó un decreto en el que apuntaba indicios de delitos de malversación y blanqueo y acordaba pedir información a la Seguridad Social y a Hacienda sobre varias personas vinculadas a la ACM, entre ellos Buch.
El ministerio público, que también acordó dar a la Policía Nacional al Fichero de Titulares Financieras para obtener información sobre los sospechosos, dio por concluida su investigación en marzo de 2019, «sin que en ningún momento se informara de su existencia a ninguna de las personas investigadas ni se tomara declaración a las mismas», según concluyó la Audiencia de Barcelona al ordenar cerrar el caso.
En el marco de esta investigación, que en fases estuvo en secreto, el juez acordó entradas y registros y la incautación de dispositivos electrónicos. EFE
