Barcelona (EFE).- El Parlament ha convalidado el régimen sancionador que permite multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que alquilen su piso por un importe más de un 30 % superior al fijado en el Índice de Precios de Referencia o a los que sorteen la contención de rentas con el uso fraudulento del alquiler de temporada.
El decreto, que el Govern pactó con Comuns, ha sido aprobado este miércoles en el pleno del Parlament, con los votos a favor del PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, mientras que Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha enfatizado que el régimen sancionador contiene sanciones «proporcionales» y busca que la regulación de los alquileres sea eficiente y contribuya a facilitar el a la vivienda.
El régimen sancionador contempla tipificar en la ley de vivienda de 2007 tres nuevas sanciones como «muy graves», es decir, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.
Se trata de los siguientes supuestos: por fijar un precio del alquiler de una determinada vivienda más de un 30 % por encima del marcado por el Índice de Precios de Referencia; por no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato, o hacerlo de forma fraudulenta; y por cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.
Incumplimientos «graves»
Otros dos nuevos incumplimientos serán tipificados como «graves», esto es, sancionables con entre 9.001 y 90.000 euros: fijar la renta por encima de lo previsto en el Índice de Precios de Referencia, siempre que este aumento no supere el 30 %; y no hacer constar en el contrato o en la oferta el Índice de Precios de Referencia o el importe del contrato anterior.
El decreto incluye también otra vía con la que sancionar a los propietarios que incumplan la ley, en este caso mediante una modificación de la ley del Código de Consumo, tipificando como infracciones «graves» -con multas de hasta 100.000 euros- que portales o empresas inmobiliarias oferten de forma fraudulenta alquileres temporales que, en realidad, son para uso permanente o habitual.
En su defensa de la proporcionalidad de la norma sobre los alquileres avalada por el Parlament, Paneque ha subrayado que las multas irán en función tanto de la reincidencia de la infracción como del «volumen de activos y los beneficios» del infractor: «Hay una diferencia colosal entre el propietario que alquila un piso y el gran tenedor que tiene un negocio de cientos de pisos».
ERC y la CUP apoyan la medida aunque sea «insuficiente»
Desde ERC, la diputada y exconsellera Ester Capella ha señalado que el régimen sancionador «es necesario, pero insuficiente» y ha avisado de que hace falta regular los alquileres de temporada y de habitación para evitar que los que quieren especular con la vivienda puedan «escabullirse» de las multas.
Por parte de los Comuns, la diputada Susana Segovia ha señalado que este decreto tiene como objetivo «que se cumpla ley» de contención de rentas y ha subrayado que el régimen sancionador tiene un objetivo «disuasorio»: «Los especuladores se saltarían la ley si les saliera más a cuenta que pagar la multa».
En la misma línea, la diputada de la CUP Laure Vega ha señalado que «una ley sin mecanismos de sanción no es una ley, es un manifiesto».
Junts, PP y Vox critican la «desproporción»
La diputada de Junts Glòria Freixa ha denunciado que las sanciones previstas son «absolutamente desproporcionadas» y ha señalado que medidas como la contención de rentas hacen que «la oferta huya».
En la misma línea, la diputada del PP Àngels Esteller ha acusado al Govern de «perseguir» y «criminalizar» a los propietarios, así como de «ir en contra de la propiedad privada».
Por parte de Vox, la diputada Mónica Lora ha cargado contra todas las medidas de vivienda adoptadas por los últimos gobiernos catalanes y el ejecutivo de Pedro Sánchez y ha rechazado el «intervencionismo» en el mercado inmobiliario.
