Barcelona (EFE).- La asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol piden tres años de cárcel y 15 de inhabilitación a la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC) y a la cúpula de su departamento en 2021, quienes están a un paso de juicio por el retraso en la vacunación por el coronavirus a sus agentes.
Así lo piden Jupol y Jucil en su escrito de acusación, al que ha tenido EFE, en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona contra Vergés, su exnúmero dos, Marc Ramentol, Josep Maria Argimón, que era responsable de Salud Pública y que meses después la sustituyó, el exdirector del Instituto Catalán de la Salud Adrià Comella y el exdirector de Servicios de Salud sc Xavier Rodríguez.
Un retraso «ilegal, injusto y discriminatorio»
El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha concluido que hay indicios para enviar a juicio a los investigados y en una resolución, que las defensas han recurrido ante la Audiencia, emplazó a las acusaciones a presentar sus escritos.
El juez del caso sostiene el retraso en la vacunación por el covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue «arbitrario, ilegal, injusto y discriminatorio», así como «irrazonable e inexplicable», por lo que «solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales».
En su escrito, Jucil y Jupol atribuyen a los investigados un delito contra los derechos de los trabajadores, por los que pide una condena de 3 años de cárcel para cada uno y una multa de 2.400 euros, así como un delito de prevaricación, por el que solicita 15 años de inhabilitación.
Jucil y Jupol remarcan que, pese a que el proceso de vacunación a los colectivos prioritarios en Cataluña empezó el 12 de febrero de 2021, el ritmo de suministro de las dosis a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fue «muy diferente» del que tenían los cuerpos de emergencias autonómicos y locales.
El ultimátum del Tribunal Superior catalán
En concreto, el 24 de marzo del 2021 se había vacunado al 3,6 % de los agentes de la Policía Nacional en Cataluña y al 2,8 % de los de la Guardia Civil, frente al 77 % de los Mossos d’Esquadra, 68 % de las policías locales, 69 % de los Bomberos y 77 de la Guardia Urbana de Barcelona.
Además, el 24 de marzo, la cúpula de Salud de la Generalitat decidió, de forma «arbitraria» y «sin motivación alguna», según el escrito, paralizar la vacunación a los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil de menos de 60 años, que eran la gran mayoría.
Esta suspensión se mantuvo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un ultimátum el 27 de abril a Salud para que en diez días avanzara el proceso de vacunación a ambos cuerpos.
Según Jupol y Jucil, con su decisión «ilegal», la consellería de Salud «vino a suprimir de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales, cuyas funciones resultan esenciales para la sociedad».
«La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional»
En su escrito, ambas asociaciones destacan que en el proceso existe una «evidencia» de la «directa participación» de Vergés en la decisión de suspender la vacunación ya programada para los guardias civiles y policías nacionales.
En concreto, remarcan que el 23 de marzo de 2021, el día antes de suspender el procedimiento, Vergés dio instrucciones a los responsables de Salud Pública, a través de un Whatsapp enviado por un miembro de su gabinete, para detener la vacunación por el Covid a policías nacionales y guardias civiles.
«La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo», afirmaba el Whatsapp, aportado en el procedimiento por la defensa de Argimon, que acabó siendo conseller de Salud hasta que Junts salió del Govern. EFE
