Barcelona (EFE).- El Govern ha alcanzado un acuerdo con sus socios de investidura, ERC y Comuns, y con la CUP para regular el alquiler de temporada.
Esto le permite salvar el decreto ley que mañana miércoles se debatirá y votará en el pleno del Parlament.
El pacto se ha cerrado en una reunión que ha tenido lugar esta tarde en la sede del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
Han participado la consellera Sílvia Paneque y representantes de los grupos PSC-Units, ERC, Comuns y CUP.
De este modo, el decreto aprobado recientemente por el Govern sobre urbanismo -que modifica cinco normas y deroga otra, todas ellas en materia de vivienda- obtendrá el visto bueno del Parlament para ser tramitado como proyecto de ley, lo que permitirá introducir los cambios acordados en el texto.
Un segundo decreto, que busca agilizar trámites de contratación pública, recibirá el visto bueno sin tener que tramitarse como proyecto de ley.
Acotación del alquiler de temporada
El texto acordado contempla que cualquier alquiler «destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda» se considere «permanente», ello «con independencia de la duración» del contrato.
Así, las únicas viviendas en alquiler que no tendrán esta consideración serán aquellas «destinadas a la satisfacción de usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones».
De esta forma se quiere evitar que los propietarios puedan usar la vía del alquiler de temporada para esquivar la regulación de los precios del alquiler en Cataluña.
En cuanto a la regulación del alquiler de habitaciones, la norma establecerá que la suma de las rentas de cada habitación no pueda superar el precio del alquiler del piso entero.
El PSC había sido partidario hasta la fecha de regular el alquiler de temporada a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que debe ser modificada por el Congreso, y no por el Parlament.
La abstención de los socialistas en la cámara catalana fue decisiva para que el decreto aprobado en la pasada legislatura por el Govern de ERC no fuera convalidado.
Con el redactado pactado, los consistorios también tendrán la potestad de decidir si permiten que en sus municipios puede haber o no viviendas en régimen de alquiler de temporada, como ya sucede con los apartamentos turísticos.
Asimismo, se determina que los inspectores de vivienda tengan competencias «para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras».
Protección oficial vinculada a zonas tensionadas
Los firmantes han acordado, por otro lado, vincular la protección oficial de los pisos que tienen esta condición a la vigencia de las zonas tensionadas, en las que el alquiler queda regulado.
El grupo de Comuns venía avisando de que unos 36.000 pisos podían perder esta condición en los próximos años, lo que a la práctica hacía imposible alcanzar el 15 % de vivienda social anhelado.
Otro de los acuerdos es que en el registro de grandes propietarios deban inscribirse también personas físicas, y no solo jurídicas.
En virtud del acuerdo firmado esta tarde, el proyecto de ley deberá ser sometido a votación en el pleno del Parlament antes de que termine el mes de julio.
