Barcelona, (EFE).- La sala de gobierno de Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha arropado a Francisca Verdejo, la jueza de violencia sobre la mujer de Barcelona señalada por «violencia institucional», en una resolución que advierte de que esa campaña puede «erosionar» la confianza de las víctimas en la justicia.
En su resolución, acordada en una reunión del pasado 20 de mayo y a la que ha tenido EFE, la sala de gobierno del alto tribunal catalán hace suyo un comunicado suscrito por los jueces y juezas de violencia contra la mujer de Barcelona y las ocho fiscales que trabajan en esa especialidad, en el que, sin citar expresamente a Verdejo, alertan de una «campaña» para desprestigiar su labor.
Francisca Verdejo, titular del juzgado de instrucción número 2 de violencia contra la mujer de Barcelona, tiene previsto ocupar en los próximos meses una plaza en la Audiencia de Granada, ciudad de la que es originaria, en un traslado que fuentes judiciales consultadas por EFE desvinculan de la campaña de que está siendo objeto, dado que hace años que lo venía solicitando.
Verdejo es desde hace meses objeto de críticas por parte de alguno sectores que trabajan con víctimas de violencia machista, que la acusan de ejercer «violencia institucional» contra las mujeres con las que trata en sus juzgados.
«Una campaña que excede de la legítima crítica»
Las denuncias han llegado ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe decidir si la investiga, y al Parlament y el Congreso, a través de intervenciones de diputadas de ERC. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se comprometió la semana pasada a trasladar el asunto al órgano de gobierno de los jueces, que lo está estudiando.
La resolución del TSJC, aprobada por unanimidad de la sala de gobierno, mantiene que la crítica a las resoluciones judiciales «es absolutamente legítima y necesaria, pero no puede comprender un mensaje desalentador hacia las víctimas que erosione su confianza en la justicia, ni trascender más allá de lo meramente jurídico».
«El compromiso del poder judicial, del ministerio público y del resto de operadores ha sido y es con la lucha contra la violencia sobre las mujeres y menores; con todas las garantías para todas las partes; con esforzada dedicación a cada caso y sus circunstancias; con profesionalidad y formación especializada; con la ley, sus posibilidades y sus límites, como único marco», agrega el comunicado.
La sala de gobierno del TSJC añade que «la crítica, desde el respeto y la argumentación, es el mejor camino para avanzar», mientras que «las descalificaciones, ataques o faltas de respeto, obstáculos para la mejora».
Compromiso histórico en la lucha contra la violencia
En la misma línea se expresaba la junta de jueces de violencia contra la mujer de Barcelona, que tras reunirse el pasado 15 de mayo, bajo la presidencia de la decana, Cristina Ferrando, denunció una «campaña» dirigida a «desprestigiar» el ejercicio de su función jurisdiccional.
Para los compañeros de Francisca Verdejo, esa campaña «excede en todo caso de la legitima crítica a las resoluciones judiciales, respecto a las cuales cabe ejercitar los medios de impugnación pertinentes», y puede llegar a ser «perjudicial» para las víctimas, que «podrían tener dudas para acercarse a la istración de justicia y solicitar las medidas de protección que sean adecuadas a su situación concreta, tanto para ellas como para sus hijos».
El comunicado reafirma el «compromiso histórico» de los jueces de Barcelona contra la violencia de género, desde que entró en vigor la ley orgánica de 2004 que les encomienda «atender y proteger los derechos de las víctimas y velar por el interés de los menores afectados». EFE
