Barcelona (EFE).- Un informe de la Sindicatura de Cuentas cifra los pagos de prestaciones indebidamente ejecutados por el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat en 167,56 millones de euros en el período 2016-2024.
Así lo recoge un informe de la Sindicatura hecho público este miércoles, el mismo día en el que la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, comparece en la comisión del Parlament para dar cuenta de presuntas irregularidades de los últimos años en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), así como para explicar la transformación que está aplicando en el sistema de protección de menores.
Falta de control
El nuevo informe de la Sindicatura fiscaliza la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión, por parte del Departamento de Derechos Sociales, del conjunto de prestaciones sociales de carácter económico y de derecho subjetivo, entre ellas las que gestionaba la DGAIA.
Una de las principales conclusiones es que «en el periodo 2016-2022, el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros, de los cuales 7,17 millones pertenecen a expedientes prescritos».
Según el ente fiscalizador, este ocurre por «una falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones».
Además, «la cuantía destinada a las prestaciones económicas es insuficiente para proteger frente a la pobreza, y presenta ciertas limitaciones a la hora de corregir tendencias crecientes en costes o diferencias territoriales».
Irregularidades en la externalización a entidades
En este informe, concentrado en la actividad de 2022, la Sindicatura ha observado asimismo «que había riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a un conjunto de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia».
Estos hechos podrían ser «perseguibles istrativa y judicialmente» (se podrían enviar al Tribunal de Cuentas para que lo valore), advierte el informe, presentado por la síndica Maria Àngels Cabasés y aprobado por el Pleno de la Sindicatura el pasado 20 de mayo.
Según la Sindicatura, serían perseguibles únicamente los importes de expedientes prescritos, pues son cuantías que habrían recibido indebidamente los beneficiarios y que ya no se pueden recuperar, lo que podría suponer un perjuicio económico para la istración.
Según el ente fiscalizador, una de las prestaciones económicas analizadas en el año 2022 y que presentaba «riesgos considerados relevantes» era la que se otorgaba a las personas jóvenes extuteladas, vinculada al seguimiento de los beneficiarios mediante un plan de trabajo individual preceptivo.
Estos jóvenes también podían acceder a prestaciones sociales de vivienda que ofrecía la DGAIA, recientemente transformada en la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
Incompatibilidad de ayudas
En estos casos, el seguimiento de los jóvenes lo hacían profesionales de las entidades que gestionan las viviendas, mientras que, si el joven no recibía la prestación social de vivienda, esta tarea la llevaba a cabo el Servicio de Valoración y Seguimiento de las Personas Jóvenes Extuteladas, adjudicado a la UTE Fundación Mercè Fontanilles-Fundación Resilis.
El informe detecta errores en incompatibilidad de ayudas a jóvenes, por carencias en el control por parte de la Generalitat.
«Las situaciones de incompatibilidad constatadas y el incumplimiento continuado de las condiciones necesarias para mantener el derecho a percibir la prestación ponen de manifiesto que el Departamento de Derechos Sociales no ha implementado ni evaluado con rigor los instrumentos adecuados, ni ha llevado a cabo la supervisión necesaria», señala el informe. EFE
