Fuenlabrada (EFE).- El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha requerido a la Comunidad de Madrid que pare la ejecución de las obras que ha iniciado esta semana en el espacio medioambiental La Cantueña para convertirlo en un macrocentro de acogida de menores no acompañados.
Fuentes municipales han señalado a EFE que «a última hora de ayer» se le notificó a la Comunidad de Madrid y a la empresa constructora que está llevando a cabo las obras «un decreto de paralización de las obras».
«Tienen que paralizar inmediatamente las obras y, en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento tendrá que tomar las medidas que considere oportunas», han insistido estas fuentes, que añaden que si la Comunidad o la empresa no paralizan las obras, lo «tendrá que hacer el Ayuntamiento», aunque no aclaran de qué manera.
El expediente sigue abierto
Desde el Consistorio explican que el decreto de paralización de la obra tiene su origen en el expediente de reversión de suelo que el Ayuntamiento abrió hace unos días y que, mientras permanezca abierto, obliga a paralizar cualquier tipo de actuación sobre los terrenos en liza.
«No se pueden iniciar obras hasta que este expediente se resuelva y se determine la propiedad de las instalaciones», han asegurado, reiterando que «mientras exista el litigio y no esté definida la propiedad del espacio, no se puede llevar a cabo obras» en el citado espacio.
El regidor socialista ya dio instrucciones el lunes pasado para «solicitar a la Comunidad de Madrid la anulación del acuerdo» que adoptó la pasada semana en el Consejo de Gobierno, ya que, a su entender, «no se está cumpliendo con el objetivo» del convenio suscrito en su día con el Ayuntamiento.
«Nos parece todo un disparate que vamos a seguir denunciando», insistía el alcalde hace dos días a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, donde volvía a mostrar su rechazo a la propuesta de la Comunidad de Madrid y su intención de paralizar las obras previstas a través de un expediente de reversión.
La cesión del suelo inicial era para un centro de difusión ambiental
La Junta de Gobierno local daba luz verde el lunes pasado a un expediente de reversión sobre el citado espacio que, según el Consistorio, fue cedido hace más de 20 años a la Comunidad de Madrid con el objetivo de «establecer en él un centro de difusión ambiental», no para un centro de menores.
El acuerdo, que ha sido notificado al Consejo de Gobierno de la Comunidad, ya pedía la paralización de las obras previstas «debido a la incoación por este Ayuntamiento de expediente de reversión del referido bien, cedido en su día a la Comunidad de Madrid a través de convenio de colaboración».
De esta manera, más allá de la aplicación de la Ley de Suelo que da la posibilidad al Gobierno regional de cambiar la normativa urbanística de la ciudad, Fuenlabrada considera que «las intenciones de la Comunidad de Madrid incumplen el convenio de cesión de este espacio por parte del Ayuntamiento».
Este convenio establecía una cláusula de reversión que ahora ha aplicado el Consistorio para abrir un expediente que espera culminar en unas semanas, insisten fuentes municipales.
Según el Gobierno municipal «va en contra de la propia ley regional de servicios sociales»
El Gobierno municipal ha vuelto a recordar que el macrocentro previsto por la Comunidad «no solo incumple las normativas urbanísticas de la ciudad y el convenio de cesión del espacio», sino que «va en contra de la propia ley regional de servicios sociales y de las recomendaciones del Consejo de Europa».
«Nadie va a darle a Fuenlabrada lecciones sobre acogida e integración de personas migrantes y menos aún quienes tratan de atropellar a otras istraciones actuando desde la deslealtad y la prepotencia», añaden desde el Consistorio.
