Alcalá de Henares (EFE).- La alcaldesa de Alcalá de Henares, investigada junto a su jefe de prensa por un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, ha afirmado que tanto la Alcaldía como la dirección de comunicación institucional no han filtrado el informe policial.
Se trata de un atestado redactado por la Policía Local del municipio complutense el pasado diciembre y que terminó en manos de Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, y que publicó en su cuenta de ‘X’, con un mensaje que vinculaba migración e inseguridad.
Según ha comentado la regidora, Judith Piquet, «lo único que conocemos es una citación para acudir al juzgado y que hay una denuncia del PSOE».
La alcaldesa ha ligado este proceso judicial con «un procedimiento abierto con el antiguo comisario de Policía Local, que dejó la jefatura del servicio cuando entró un comisario nuevo e intenta mezclar su asunto personal laboral con otros asuntos políticos».
Tal y como ha expresado a los medios, Piquet ha asegurado que «desde la Alcaldía y la dirección de comunicación institucional no se ha filtrado nada».
Por el momento, los dos cargos públicos tendrán que testificar el próximo 19 de noviembre. Se enfrentan a un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, que puede llegar a ser penado con prisión de seis meses a un año, una multa y la inhabilitación para desempeñar un cargo público.
«El delegado del Gobierno mintió»
Además, Piquet ha incidido en que la publicación del informe por parte de Serrano demuestra que «el delegado del Gobierno en Madrid mintió al decir que no se estaban produciendo agresiones en la ciudad, cuando en realidad sí existían».
Por otro lado, la regidora ha subrayado que la publicación hoy de esta información podría ser una respuesta al anuncio realizado ayer por parte de su Gobierno de crear una comisión especial de investigación para esclarecer lo sucedido durante el anterior mandato, con el socialista Javier Rodríguez al frente, precisamente la persona que denunció la posible filtración del informe policial el pasado febrero.
Según ha informado el Consistorio, el anterior Gobierno habría dado «contratos menores por valor de miles de euros a empresas dirigidas por familiares de algunos de los concejales, al frente del Gobierno alcalaíno en la pasada legislatura».
