Madrid (EFE).- Mayte Rodríguez, la mujer cuestionada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras hablar en el programa de televisión «Lo de Évole» sobre la muerte de su madre en una residencia en la primera ola de la pandemia, ha lamentado el trato «inhumano y cruel» que ha recibido de un cargo público.
En redes sociales, Miguel Ángel Rodríguez dijo el domingo 16 de febrero que «la primera señora que sale #enlodesimon (en el programa de La Sexta) no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid», aunque el lunes 17 rectificó: «Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error».
Mayte Rodríguez reconoce que se ha visto «desbordada» por «exponer la experiencia más traumática de su vida en televisión» y que en ningún momento se llegó a imaginar lo que desencadenó su testimonio.
«Me parece increíble que un señor como Miguel Ángel Rodríguez, con un cargo público, responda de forma tan inhumana, gratuita y cruel. (…) Me deja en estado de ‘shock’ la mentira de un responsable de la Comunidad de Madrid, que pone en entredicho que yo soy quien digo ser, que sostiene que mi dolor es falso y que me acusa de fingir», explica.
«Asumir responsabilidades» en vez de «insultar»
Desde su punto de vista, el jefe de gabinete de Ayuso suelta «una cortina de humo para retirar el foco de donde tiene que estar, despreciando a las familias para deslegitimarnos como si fuéramos enemigos en una guerra».
En vez de «insultar» a las familias de las víctimas, insta al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid a «asumir sus responsabilidades por los mayores muertos en las residencias durante la primera ola de la pandemia, de forma inhumana, por una decisión política».
«El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó hasta cuatro versiones de los protocolos de no derivación de residencias a hospitales. Eso no fue un error. Eso fue una estrategia. Y a consecuencia de esos protocolos murieron 7.291 personas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid entre marzo y abril de 2020», señala.
Afirma que, en aquel momento, podrían haber contemplado otras opciones como medicalizar las residencias o derivar a los mayores enfermos a los hospitales públicos o privados, pero, «entonces, quedaron camas vacías en los hospitales privados, mientras nuestros mayores agonizaban durante días».
El 10 octubre de 2024, se sumó a la denuncia colectiva impulsada por más de un centenar de familias contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de veinticinco hospitales por un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
«Una herida que no se cierra»
Su madre, Petra Gadea, falleció el 12 de abril de 2020 a los 88 años en la residencia Los Ángeles, situada en la localidad madrileña de Getafe, por una infección por coronavirus, sin haber sido trasladada a un hospital, sin cuidados paliativos y sin medicación.
Seis días antes del fallecimiento, añade, «la doctora de la residencia me llamó para decirme que mi madre probablemente tenía la covid-19, aunque no disponían de un test para comprobarlo. La residencia no estaba medicalizada. Ante nuestra insistencia, la doctora nos reconoció que tenían prohibido derivarla al hospital y que no iba a ir ninguna ambulancia a recogerla».
Cinco años después, le parece que vive «una novela distópica», se pregunta cómo en un país democrático se aplicaron «unos protocolos que discriminaron a una parte vulnerable de la población» y considera que sería «muy peligroso» que la justicia no hiciera su trabajo y esto quedara impune.
«Esta es una herida que no se cierra. Si consiguiéramos que se hiciera justicia, nos quedaríamos más tranquilos porque podría evitar que esto vuelva a pasar», resalta.
