Juliana Leao-Coelho |
Madrid (EFE).- Las redes de profesores por la Universidad pública de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Carlos III, Politécnica, Alcalá y Rey Juan Carlos han convocado una jornada de huelga el lunes 28 de abril contra la futura ley del Gobierno de Díaz Ayuso que, aseguran, recortará la financiación y la autonomía universitarias.
Ese día una manifestación partirá de Atocha a las 18 horas hacia Sol bajo el lema ‘Salvemos la educación pública’, tras una jornada de «piquetes informativos del 28A, para que nadie se quede sin saber que la Universidad pública está en lucha», indican los convocantes.
Según las plataformas, la movilización responde a «dos motivos fundamentales: la asfixia económica que sufren las universidades y el ataque frontal» que supone la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está elaborando «con total opacidad», según un comunicado de UAM por la Pública.
Puntos del borrador
Entre los puntos más polémicos del borrador filtrado, destacan la consideración de las universidades como «Centros de Enseñanza Superior», la financiación externa y por objetivos, las facilidades a las privadas, y el peso de las empresas y de la Comunidad de Madrid en las decisiones de los Consejos Sociales universitarios, destaca UCM por la Pública.
Se prevé una «mercantilización del conocimiento», que supondría la «redefinición y cierre de grados» y líneas de investigación por número de estudiantes y «criterios de mercado», y una «injerencia de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria» tanto por su presencia en los órganos de coordinación como permitiendo la «intervención policial contra la legítima protesta» en los campus, señalan desde la UAM.
Tras indicar que la huelga ya ha sido comunicada a la Comunidad de Madrid y los rectorados, instan «a toda la comunidad universitaria, más allá de siglas o afinidades, a sumarse las movilizaciones. Frente a un ataque común, una respuesta colectiva», añaden.
Financiación externa
Tras quince años de infrafinanciación, «la asfixia económica se convierte en ley», ya que la Comunidad limitará su aportación al 70% y las universidades, dentro de su «corresponsabilidad», deberán obtener recursos de financiación hasta cubrir «el 30% del total de sus capítulos de gasto», pudiendo «constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros».
Además de introducir «dinámicas de competición entre las universidades para obtener recursos», se generará una «dependencia estructural del capital privado» al no garantizarse la financiación pública básica de las universidades.
La financiación por objetivos está en la LOSU, pero debe ser «adicional a la financiación estructural», según las plataformas que vaticinan «un modelo empresarial de universidad», que emplea dinero público para inversión financiera y con la obligación de capitalizar el patrimonio universitario, añaden.
Nuevas estructuras
Se creará un «macrodistrito universitario y de formación profesional», que «desdibuja» no solamente las diferencias entre la universidad y la FP, sino también «las diferencias entre centros públicos y privados».
Se establece un modelo de colaboración público-privada que derivaría en una «parasitación» de la universidad pública por la privada mediante la cesión «de espacios, recursos y prestigio», según los análisis de UAM por la Pública y UCM por la Pública.
Ganan poder los Consejos Sociales universitarios, donde el sector privado está «sobrerrepresentado», y se les atribuye «el control de la ejecución presupuestaria», a lo que se añade la nueva figura del Interventor nombrado por la Comunidad de Madrid, que causa «preocupación» en los rectorados al comprometer la autonomía universitaria.
Se crean nuevos órganos como el Consejo de Enseñanzas Superiores, presidido por el consejero de Educación y con «sobrerrepresentación de la FP, las universidades privadas y el sector empresarial», y otros como la Comisión de coordinación universitaria, con presencia de designados por la Consejería de Educación.
Las ideas de «productivización» determinan la composición del Consejo de Titulaciones, con «consejeros de la Comunidad de múltiples ramas, empresarios e incluso un representante de la Cámara de Comercio», que tendrán «el mismo peso que los representantes académicos» para decidir la oferta de titulaciones.
Facilidades para universidades privadas
El borrador «no indica los requisitos mínimos académicos para la autorización de nuevas universidades», propiciando «la proliferación de universidades privadas sin garantizar la calidad ni en docencia ni en investigación».
Se facilita «la adscripción de centros docentes a universidades públicas, capitalizando su prestigio y recursos, para que crezcan al cobijo de la universidad y luego se conviertan en universidades privadas», como ha ocurrido.
El borrador de la ‘ley Viciana’ afecta negativamente la función de las universidades como «servicio público universal que abraza los valores de justicia social, neutralidad de intereses económicos y búsqueda de innovación en el conocimiento, que sólo se garantiza mediante independencia y libertad de investigación y cátedra», concluyen los docentes.
