Alicante (EFE).- La alicantina María José Picó tiene 61 años y ha presentado la primera querella en un juzgado por un supuesto caso de bebés robados para hallar a su hermana melliza que, a las pocas horas de nacer, se enterró en una fosa común del cementerio municipal de Alicante en un proceso con múltiples irregularidades.
La querella se ha registrado este viernes en el Decanato de los juzgados de Instrucción de la ciudad, que procederá a su reparto, y está dirigido contra la matrona y el médico que asistieron al doble parto y al entonces director del hospital General de la ciudad, así como contra aquellas personas sospechosas de pertenecer a la «trama criminal» cuando se identifiquen en la investigación.
Picó ha comparecido ante los medios asistida por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que impulsa el derecho a la verdad por crímenes de derecho internacional impunes no investigados ni enjuiciados en el Estado español.
Desde CEAQUA han explicado que hasta ahora las acciones judiciales se plasmaban en denuncias en la fiscalía, que decidía unilateralmente si interponía una acción judicial sin que la víctima pudiera tomar parte del proceso, y han añadido que ahora con la querella criminal se pasa a formar parte del procedimiento como acusación y se tiene voz.
Picó, presidenta de la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA), y sus padres intuyeron el robo de su melliza tras las primeras denuncias por este tipo de casos en 2012.
Una monja dijo que una melliza había muerto «heladita de frío»
El 28 de marzo de 1962 y derivada desde Elche, su madre dio a luz a dos mellizas en el hospital General de Alicante y pese al aparente buen estado de salud, repentinamente una monja comunicó que una de las niñas había fallecido en la sala nido «heladita de frío», en o que se denuncia como un caso de bebés robados.
Sin llegar a imaginar entonces que pudiera ser mentira, al padre le urgieron a comprar una caja de madera en las inmediaciones del hospital y no en una funeraria para introducir los supuestos restos mortales, y la entregó tras adquirirla en una tienda de ultramarinos, con un tamaño de 50x30x25.
Al poco, se la devolvieron con, presuntamente, el cadáver dentro y cerrada con clavos, y le instaron a llevarla inmediatamente al cementerio porque le esperaba el sepulturero, lo cual hizo y se inhumó en una esquina de una fosa común sin llegar a saber si lo que había dentro eran los restos de una de sus mellizas. Habían pasado solo 16 horas desde el primer aviso de la monja sobre que una de las bebés se hallaba malita.
Ya en 2012, a los padres se les vino a la cabeza todo lo vivido, los casos de bebés robados y buscaron documentos, pero el hospital General carecía de la historia clínica porque les dijeron que se habían perdido en unas riadas, ni había partida de nacimiento ni de defunción, ni tampoco legajo de aborto porque, según les dijeron, todos las anteriores a 1978 se habían extraviado en una mudanza.
En el cementerio sí había una licencia de enterramiento pero en el apartado dirigido al nombre del médico que había certificado la defunción constaba, supuestamente por error, el del padre de la melliza.
«Cúmulo de irregularidades», posible caso de bebés robados
Este «cúmulo de irregularidades y de situaciones poco transparentes» llevó a la familia Picó a denunciar ante la fiscalía de Menores, que impulsó la excavación de la fosa, en 2012, y en el lugar señalado apareció la impronta de una caja no funeraria (por el color dejado en la tierra) con clavos grandes y sin restos humanos, pese a lo cual las diligencias se archivaron.
«Sin tener pistas de dónde puede estar», María José ha buscado a su gemela estos años y confía ahora en la investigación y en las pruebas de ADN para llegar a reencontrarse con ella.
La querella también pretende denunciar «la impunidad del Estado español que considera que estos delitos han prescrito» pese a que, según el abogado de CEAQUA Jacinto Lara, es un crimen de lesa Humanidad y de derecho internacional en concurso con otros como detención ilegal, sustracción de menor y falsedad de documento, en este caso de bebés robados.
Ha proseguido que el lugar donde se produjo el delito era un hospital público en el ámbito del Estado franquista dentro de un «ataque sistemático contra la población civil, sobre todo de las mujeres», por lo que el Gobierno debe tener responsabilidad en la búsqueda, localización e identificación de los desaparecidos para «revertir el actual modelo de impunidad».
También desde CEAQUA, Soledad Luque ha señalado que entre 2011 y 2019 hubo 2.136 diligencias de investigación de las que sólo llegaron al juzgado 516 casos de bebés robados «que se han ido archivando» por sustracciones entre 1937 y 1993.
