Alicante (EFE).- La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado este miércoles públicamente su apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo y ha reclamado «el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial».
En la inauguración de las XXXIII Jornadas de los Jueces Decanos de España, en Alicante, y sin citar ningún caso judicial, la presidenta del CGPJ ha afirmado que se atraviesan «momentos difíciles que traen consigo problemas desconocidos» en los que se sufren «presiones» donde, incluso, los jueces ven cómo les atribuyen «propósitos desviados» en sus decisiones.
«Quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares para recuperar el respeto, y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial» porque, independientemente de que se esté de acuerdo con las resoluciones judiciales, «no caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables ya que socavan el ejercicio de la función que la Constitución nos encomienda al Poder Judicial».
El Gobierno niega presiones a los jueces
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado esas presiones y, preguntado por si se sentía interpelado por las palabras de Perelló, ha contestado con un escueto no.
«La inmensa mayoría de los jueces y magistrados en nuestro país hacen su trabajo con rigor, con imparcialidad y con profesionalidad. Y por supuesto, ese respeto no está reñido con un sistema garantista de recursos donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte y también con el derecho a la libertad de expresión», ha defendido.
Por su parte, en un acto de celebración del centenario de la Generación del 27, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que «no estamos presionando a los jueces». «Creemos en la separación de poderes cuando están las investigaciones en curso y en la presunción de inocencia».
Una pérdida de respeto
Perelló ha lamentado «la pérdida de respeto que merece las personas en las instituciones y especialmente en los tribunales de Justicia» y ha añadido que esta situación «ha llegado a niveles que nunca se deberían haber alcanzado».
Ha puesto de manifiesto que el sistema procesal español cuenta con mecanismos de garantía «suficientes» para corregir las resoluciones que, en su caso, contengan errores o sean susceptibles de revisión con imparcialidad por jueces distintos a las que las han adoptado.
De esta manera, ha advertido de que «las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales son impropias de un Estado democrático avanzado y minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
Al margen de los intereses políticos
Perelló ha recordado que «todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza de las instituciones democráticas que nos dio la Constitución» y ha repetido que en el CGPJ «preocupa los intentos de desprestigio de los jueces», por lo que ha instado «al debido respeto institucional hacia las decisiones judiciales, al margen de los intereses políticos de cada momento».
«La descalificación sistemática desestabiliza la confianza de los ciudadanos en la Justicia y va en detrimento de la sociedad democrática», ha subrayado la presidenta del CGPJ antes de añadir que estarán «vigilantes ahora más que nunca en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que no es otra que la defensa de la independencia judicial».
Para la magistrada, en los actuales «tiempos difíciles» los jueces «deben resolver nuevos conflictos a los que se les somete en el contexto de tensión permanente que parece haberse instalado en la vida pública», por lo que ha insistido en la idea de deben ser objeto del «respeto institucional debido».
