Madrid (EFE).- Un juzgado madrileño ha citado a declarar como querellados al presidente y al director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y a otras seis personas, acusados de falsear votos en varias asambleas y emitir facturas por servicios no prestados a cambio de esos votos.
En un auto, al que ha tenido EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ite la querella que interpusieron el exsecretario general de la SGAE Eduardo Ezpondaburu y el socio Rafael de Tena por los presuntos delitos de falsedad en las asambleas generales de 23 de julio de 2021, 30 de noviembre de 2020 y 30 de julio de 2020 y la emisión de facturas por servicios no prestados y supuesta contraprestación para la compra de votos.
La magistrada acata así lo estipulado por la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado mes de noviembre estimó parcialmente un recurso de los querellantes y ordenó itir a trámite la querella por todos los delitos de falsedad denunciados y en relación con el delito de istración desleal.
Y en el mismo auto cita a declarar a los querellados para el próximo día 24 a las 10:15 horas.
Los nombres de los directivos de la SGAE citados
La querella la presentó en marzo de 2022 el exsecretario general de la SGAE Eduardo Ezpondaburu contra el presidente de la SGAE, Antonio Ruiz Onetti; el director general, Adrián Restrepo, el director de Relaciones Institucionales, Iván García Pelayo; el director de Sistemas, Joaquín Oltra, y Francisco Carlos Morales, Jaime Torroja, Nuria Céspedes y Ramón Craquis.
Les acusa de posibles delitos de usurpación de personalidad civil, falsificación, istración desleal y delitos societarios, por una «presunta red de falsificación de votos dentro de la SGAE, quizá durante años, o al menos desde 2019» que instauró García Pelayo con el fin de «manipular los resultados».
La querella denuncia una «red organizada de falseamiento»
La querella denuncia «la existencia de una red organizada de falseamiento dirigida por Iván García Pelayo, que fue el que comprobó que faltaban votos de las delegaciones de voto falsificadas, y que utiliza a varios chicos, en la mayoría estudiantes, para llevar las delegaciones y presentarlas en la SGAE».
También «y para pagar el servicio o sacarse un dinero extra, pasa facturas de empresas interpuestas, todo ello presuntamente permitido por el director general, a quien le interesa que lo que lleva a la Asamblea sea aprobado, con la aquiescencia de la presidencia», añade la querella.
Detalla que antes de la Asamblea General del 23 de junio de 2021 «se presentaron ante el jefe de Secretaría de la SGAE, 33 delegaciones de voto que trajo personalmente Nuria Céspedes Campos, de las cuales 32 se ha comprobado que fueron falsas». Esas delegaciones de voto falsificadas ascendían a más de mil votos computables.
La Secretaría sospechó e investigó, llamando a los socios para preguntar si habían delegado sus firmas, haciendo una prueba pericial caligráfica y encargando a una agencia de detectives que indagase.
Se descubrió que tres de las personas supuestamente implicadas habían entregado delegaciones de voto falsificadas en las reuniones del 30 de julio y 30 noviembre de 2020 y hubo delegaciones de voto sospechosas en la del 20 de enero.
Y se sospechó de facturas presentadas por varios de los investigados, como por ejemplo una de un «kiosko» de comida por valor de 7.078 euros con el concepto «Servicios profesionales de comunicación y asesoramiento para la asamblea SGAE 2019».
La SGAE quiere que el asunto se aclare «cuanto antes»
La SGAE ha expresado a EFE su deseo de este asunto «se aclare cuanto antes» y ha recordado que la Junta Directiva de la entidad ya decidió en julio de 2021 presentar una denuncia ante la Policía para que investigara lo ocurrido.
El entonces secretario general de la SGAE y ahora denunciante, Eduardo Expondaburu, informó de un intento de fraude de 32 delegaciones de voto, pero señaló que se había detectado a tiempo y que no había habido encubrimiento por parte de ninguno de los integrantes de los órganos directivos de la sociedad.
Así consta en el acta de aquella reunión, así como el hecho de que las 32 delegaciones de votos afectadas fueron anulados.
En julio de 2022 la SGAE decidió personarse como parte perjudicada y el próximo miércoles, los llamados a declarar, asistirán al juzgado para testificar ante la juez por este caso iniciado por Expondaburu al poco tiempo de ser despedido de la sociedad. EFE pgm-agf/mcm
