Ciudad de Panamá, (EFE).- La empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su filial Minera Panamá SA (MPSA) informaron este viernes que iniciaron un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje, después de que la Corte Suprema panameña declaró esta semana inconstitucional el contrato mediante el cual explotan en este país la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
«El 29 de noviembre, la empresa MPSA inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión 2023 que el Gobierno de Panamá firmó a principios de este año con la empresa. El acuerdo de arbitraje establece que el arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida», indicó un comunicado de las empresas.
La misiva agrega que el 14 de noviembre pasado, «First Quantum presentó ante el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá una notificación de intención de iniciar un arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. El aviso de intención facilita las consultas entre el gobierno de Panamá y Minera Panamá S.A. (MPSA) para evitar la necesidad de presentar dicho arbitraje».
Una mina única
Cobre Panamá es una inversión de 10.000 millones de dólares, según FQM. Es la única explotación de este mineral del país centroamericano y para 2022 se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
En los primeros 9 meses de 2023, la mina produjo alrededor de 268.000 toneladas de cobre contenido en concentrados, lo que representa el 2 % de la producción mundial, indicó ICSG.
Federico Alfaro, quien el jueves renunció al cargo de ministro de Comercio e Industria y fue quien negoció el contrato declarado inconstitucional, dijo meses atrás que Panamá se exponía a demandas por hasta 100.000 millones de dólares dado el conflicto minero, una cifra que analistas locales han reducido a entre 15.000 y 18.000 millones de dólares e incluso menos.
La mina está en «estado de preservación y mantenimiento»
La mina se encuentra desde el pasado 23 de noviembre en «estado de preservación y mantenimiento seguro», según indicó la empresa canadiense en una comunicación interna difundida el jueves por los medios panameños, en la que informa además de la suspensión de contratos de unos 7.000 trabajadores.
A esas medidas se les considera una consecuencia «de los actos criminales» contra la mina en el marco de las protestas nacionales antiminería desarrolladas en el último mes en Panamá, dijo la empresa canadiense.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada Minera Panamá, en un fallo – emitido el lunes y dado a conocer el martes- que señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.
«First Quantum, a través de Cobre Panamá, reitera que la transparencia y el cumplimiento de las leyes siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y permanece abierta al diálogo constructivo para alcanzar acuerdos que beneficien a las partes», indicaron las empresas este viernes en su comunicado.
Consecuencias medioambientales
La minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) advirtió este viernes que el cierre de la mina Cobre Panamá tendrá consecuencias medioambientales que no han sido previstas por la Corte Suprema de Justicia y que la sentencia pone en peligro los programas de protección financiados por la compañía.
La empresa aseguró en un comunicado que «está solicitando detalles adicionales con respecto a la sentencia y sus implicaciones» y añadió que le constan los comentarios realizados por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, de que «habrá un proceso de transición» para el cierre de Cobre Panamá.
FQM, cuya subsidiaria Minera Panamá SA (MPSA) opera Cobre Panamá, destacó que la decisión de la Corte Suprema «no considera un escenario planificado y gestionado de cierre en el que se requieren medidas medioambientales claves» para mantener la seguridad en el emplazamiento.
En concreto, FQM se refirió a las balsas de almacenamiento de relaves y el tratamiento de aguas para evitar roturas.
Consideración de planes futuros
Además, señaló que se tendrá que considerar el futuro de los programas de rehabilitación, reforestación y conservación de especies, «así como la protección de casi el 20 % del total de las áreas protegidas de Panamá», actualmente financiadas por Cobre Panamá.
FQM alertó también que, ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las declaraciones de Cortizo, «suspende sus previsiones de producción para Cobre Panamá» en 2023 y confirmó que ha iniciado dos procesos de arbitraje.
El 29 de noviembre, MPSA «inició un arbitraje ante el Tribunal Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión de 2023 que el Gobierno de Panamá acordó a principios de este año».
Además, el 14 de noviembre, FQM notificó al Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá su intención de «iniciar un proceso de arbitraje para hacer cumplir sus derechos bajo la ley internacional de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá».
