Madrid (EFE).- La rebaja del IVA de la luz, la subida de las pensiones o la reforma del subsidio de desempleo aprobadas por el Gobierno en las últimas semanas de 2023 se encuentran en el aire ante la negativa de Junts y Podemos de apoyar la convalidación de los decretos que incluyen estas medidas.
El Congreso de los Diputados afronta este miércoles una votación decisiva, que podría acarrear graves consecuencias económicas, por lo que los grupos apuran las negociaciones.
Estas son algunas claves.
¿Qué debate el Congreso?
El Congreso debate tres reales decretos leyes aprobados en diciembre: uno con el octavo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, otro con la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus con las reformas pendientes comprometidas en el Plan de Recuperación.
- Decreto de medidas económicas
El paquete ‘antiinflación’ incluye, entre otras medidas, la gratuidad de Cercanías y de los trenes de media distancia, la rebaja del 30% del transporte urbano e interurbano, la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10 % (en este último caso, solo el primer trimestre) y el IVA cero para los alimentos básicos.
También la subida de las pensiones contributivas en un 3,8 %, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, así como la ampliación en un año del impuesto sobre las grandes fortunas y de los gravámenes sobre banca y energéticas.
- Decreto de reforma del subsidio de desempleo
Un segundo decreto reforma el subsidio de desempleo, que se amplía a colectivos hasta ahora exentos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, y se eleva de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días.
Además, se permite a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia y se introduce la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.
- Decreto para acceder a fondos europeos
El decreto ómnibus recoge las reformas pendientes para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos, relativas a la justicia, el régimen local, el mecenazgo y, en materia económica, el contenido de la ley de función pública, que decayó con la convocatoria electoral, lo que incluye la introducción de la evaluación del desempeño de los funcionarios.
¿Qué pasa si decaen los decretos?
Todas estas medidas están ya en vigor porque se incluyen en reales decretos leyes publicados en el BOE, pero para seguir estándolo necesitan ser convalidados en el Congreso de los Diputados. De no ser así, los decretos, y sus contenidos, por consiguiente, decaerán.
Esto implica que:
- El Cercanías dejará de ser gratuito.
- El transporte urbano dejará de estar subvencionado.
- El IVA de la luz y el gas subirá al 21 %.
- El IVA de los alimentos básicos como el pan, al 4 %, y el de pastas y aceites, al 10 %.
- Los bancos podrán volver a cobrar a los mayores por sacar dinero en ventanilla.
- Quedará en suspenso la subida de las pensiones.
- Decaerían el impuesto sobre las grandes fortunas y los gravámenes sobre banca y energéticas, con la consiguiente pérdida de ingresos.
- La riqueza volvería a estar exenta de tributación en las comunidades que tienen bonificado el impuesto sobre el patrimonio.
- Aparcado el nuevo subsidio por desempleo.
- En riesgo la recepción de 10.000 millones de fondos europeos.
- Aparcada la digitalización de la istración de justicia.
No habría un efecto inmediato para los perceptores del subsidio de desempleo, porque el grueso de la reforma no entra en vigor hasta junio.
¿Y cómo afectaría a las cuentas públicas?
El coste del paquete ‘antiinflación’ es de 5.350 millones, según el Gobierno, por lo que en principio su retirada es positiva para las cuentas públicas, aunque no se ha detallado el impacto de cada medida.
Los gravámenes sobre banca y energéticas y el impuesto sobre las grandes fortunas recaudaron en su primer año en vigor 3.528 millones de euros, que se perderían con su desaparición.
Pero al mismo tiempo se reduciría el gasto derivado de las ayudas al transporte (unos 1.360 millones, según el plan presupuestario) o las rebajas del IVA del gas, la luz y los alimentos (unos 4.500 millones en 2023, según la AIReF, aunque en 2024 la cantidad sería inferior porque se bonificaría en menor medida).
A esto habría que sumar la eventual pérdida de 10.000 millones de fondos europeos por no cumplir los hitos del Plan de Recuperación, aunque esto dependería de la evaluación de la Comisión Europea.
¿Por qué está en riesgo la convalidación de los decretos?
JxCAT se niega a apoyar los decretos al considerar que la reforma judicial pone en riesgo la aplicación de la amnistía y también Podemos pone en duda su apoyo a la reforma del subsidio de desempleo y el paquete antiinflación. Sin sus votos, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para convalidar los decretos.
El Gobierno, para convalidar los decretos, o para que sigan en vigor mientras el Congreso los tramita como proyecto de ley y abre la puerta a posibles modificaciones, necesita mayoría parlamentaria simple, es decir, más síes que noes.
Pero, de momento, no salen las cuentas. El Ejecutivo cuenta con los votos de PSOE, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu, así como con el de Coalición Canaria y previsiblemente el BNG. No son suficientes.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba este lunes confiada en que se logrará un acuerdo para sacar adelante los decretos, aunque se desconoce qué se está negociando.
