Madrid (EFE).- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado poniendo en conocimiento la actuación de las sociedades mercantiles de Glovo por considerar que «podría ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores».
Según confirman a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo, esta empresa podría vulnerar el Código Penal «por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores» en cumplimiento de la denominada ley «rider».
Repartidores que siguen como autónomos
Trabajo llevaba meses preparando este informe que, según adelanta este miércoles «El País», detalla casos concretos de repartidores que deberían ser asalariados pero siguen como autónomos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace meses que se iba a instar a la Fiscalía General del Estado a investigar si las empresas de reparto están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.
La ministra avisó de que aunque la «ley rider» funciona y la mayoría de las empresas están cumpliendo con sus obligaciones «el peso de la ley» caería sobre aquellas que la incumplan.
Díaz se refirió a las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a Glovo por la falta de cotización de sus empleados, por la vulneración de forma reiterada de la norma y por la obstrucción a la labor inspectora.
«El siguiente paso es la Fiscalía General del Estado y ver si hay invasión de la esfera penal por la rebelión en que se encuentran algunas de estas empresas en España», dijo en ese momento.
