Madrid (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado tres décimas, hasta el 2 %, su previsión de crecimiento de la economía española para este año ante la evolución mejor de la esperada en 2023, así como por el dinamismo observado en los primeros meses del ejercicio.
«El efecto arrastre explica en buena parte esta revisión» del crecimiento del PIB, ha apuntado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la presentación este jueves del Informe sobre los presupuestos iniciales de las istraciones públicas, que prevé una inflación del 3,1 % (dos décimas menos).
Impacto del Plan de Recuperación
Herrero ha matizado que el crecimiento económico se moderará progresivamente hasta situarse en el 1,5 % en 2028 a medida que disminuya el impacto del Plan de Recuperación -que cifra en 1,6 puntos de PIB en 2024 para tocar máximo de 1,8 puntos en 2025 y después bajar a 1,3 puntos en 2026 y 0,7 puntos en 2027-.
La AIReF mantiene su estimación de que el déficit público cierre 2024 en el 3 % del PIB -igual que el Gobierno- tras la retirada de la mayoría de las medidas antiinflación y la buena marcha de la economía y el empleo, que impulsa la recaudación.
La AIReF espera que la istración central termine el año con un déficit del 2,7 % del PIB -gracias al buen cierre de 2023 y a pesar de que se espera un aumento del gasto en defensa-; la Seguridad Social, en el 0,3 % del PIB, y las comunidades autónomas, del 0,1 % del PIB, mientras que las corporaciones locales lograrán un superávit del 0,1 % del PIB.
El déficit público bajará de nuevo al 2,9 % del PIB en 2025 para después repuntar al 3,1 % en 2026 y el 3,2 % del PIB en 2027 y 2028, unas previsiones que se basan en la desaparición de los gravámenes sobre la banca y las energéticas, inicialmente temporales, pero que el Gobierno tiene la intención de convertir en permanentes.
Será necesario un ajuste de deuda
En términos de deuda, Herrero ha apuntado que el crecimiento económico «no será suficiente para seguir reduciendo la ratio de deuda», que terminará el año en el 105,8 % del PIB para situase después en torno al 104 % del PIB en 2027 y 2028.
En ese sentido, ha recordado que la Comisión Europea cree que España presenta un riesgo alto de sostenibilidad de deuda, por lo que «tenemos la certeza de que va a haber que hacer un ajuste», aunque por el momento no se puede calcular el importe.
Este importe dependerá, entre otros factores, de si España planifica inversiones que le permitan extender el periodo de ajuste y ha recordado que sus cálculos sitúan este ajuste en 0,63 puntos de PIB anual si se hace a cuatro años y 0,43 puntos de PIB anuales si se hace en siete.
Incumplimiento de la regla de gasto
Herrero ha advertido de que los presupuestos iniciales de las istraciones públicas españolas supondrán el incumplimiento de la referencia de regla de gasto europea, fijada para este año en el 2,6 %, ya que se alcanzará un aumento del gasto primario del 4 %.
A nivel interno, ha señalado que la istración central, todas las comunidades autónomas y diez de las veinticinco entidades locales que supervisa la AIReF incumplirán la regla de gasto, lo que, en teoría, supondría tener que presentar un plan económico-financiero.
«Es urgente», ha subrayado Herrero, que el Ministerio de Hacienda «inicie reuniones con las comunidades autónomas para aclarar el marco (fiscal) de 2024 y la elaboración del plan fiscal estructural a medio plazo que hay que presentar en septiembre».
El coste de las medidas antiinflación: 4.386 millones
La AIReF ha cifrado este jueves en 4.386 millones de euros el impacto de las medidas para paliar los efectos de la inflación en este año, una tercera parte de los 12.509 millones de 2023.
Por una parte, las medidas tributarias restarán 2.428 millones en ingresos: 1.072 millones por la rebaja del IVA de los alimentos, 963 millones por la rebaja del IVA de la electricidad, 40 millones por la rebaja del IVA del gas y 352 millones por la rebaja del impuesto especial de la electricidad.
Por otra, las medidas de gasto suman 1.958 millones por la bonificación al carburante, ayudas sociales y otras ayudas a particulares.
