Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor este miércoles el nuevo acuerdo en materia de pensiones sellado con patronal y sindicatos «producto de la buena política» y que «contribuye a una sociedad más justa».
«Es un acuerdo destinado a perdurar», ha destacado Sánchez tras la firma de este pacto, cerrado a finales de julio, y que incluye cambios en la jubilación demorada y activa, da más papel a las mutuas en algunos tratamientos y regula el retiro para las profesiones penosas.
Los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo junto a Sánchez.
También ha estado presente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Cuarto acuerdo que firma con los agentes sociales
En una breve intervención ante los medios en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha destacado que es el cuarto acuerdo que firma con los agentes sociales en materia de pensiones desde 2020.
«Ningún acuerdo importante se alcanza sin esfuerzo», ha señalado Sánchez, quien ha agradecido y felicitado a los equipos negociadores de patronales y sindicatos, así como al del Ministerio de Inclusión.
«Este es un producto más de la buena política que impulsamos desde el equipo de coalición, empresas, trabajadores y grueso de la sociedad civil», ha dicho.
Este acuerdo recoge materias que quedaron pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023 y que volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación.
Ahora se acuerda mejorar los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión.
También se regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas y las mutuas para que puedan colaborar con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico.
Y se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.
Unos cambios pendientes de desarrollo normativo
Estas modificaciones deben articularse en varios cambios normativos en un calendario que el Gobierno aún no ha detallado y que, en algunos casos, precisarán de unos apoyos parlamentarios siempre ajustados.
Algunos grupos habituales socios del Gobierno ya han expresado sus críticas en el tema de las mutuas.
En declaraciones remitidas a los medios, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que el acuerdo constituye un «nuevo hito del diálogo social», y ha subrayado que espera «una pronta puesta en marcha» de las medidas acordadas que requieren actuaciones directas del Gobierno o desarrollos reglamentarios de normas ya aprobadas por las Cortes.
También que las modificaciones parciales de la Ley General de Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores que se derivan de este acuerdo «se pueden aprobar en las Cortes Generales y entrar en vigor en el menor plazo posible».
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que estos cambios normativos «en unos días irán al Parlamento» y los grupos «tienen que ser conscientes de que estamos hartos de que nos utilicen como rehenes para cuestiones que son fundamentales».
En concreto, ha afeado a «aquellos que se rasgan las vestiduras» con la propuesta de facilitar la rehabilitación en las mutuas para aliviar las listas de espera, que son «los mismos en cuyas comunidades autónomas el concierto privado con ánimo de lucro es una constante».
Saiz confía en la mejora de los ingresos
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado «optimista» con la evolución de los ingresos y los resultados de los últimos cambios en la jubilación ante una eventual activación del mecanismo que llevaría a medidas adicionales.
En su comparecencia este miércoles ante el Congreso de los Diputados a petición del PP, Saiz ha recordado que la reforma de pensiones estableció una garantía adicional, la denominada «cláusula de cierre», que llevará a la AIReF a evaluar en 2025 la sostenibilidad del sistema en base a los datos de gasto proyectados por el informe Ageing Report de la Comisión Europea.
La AIReF, ha recordado, deberá estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que la diferencia entre ambas variables, proyección del gasto e impacto de las medidas de ingresos, no supere el 13,3 % del PIB.
Si se supera esa cifra, la reforma obliga al Gobierno a tomar medidas para corregir gradualmente el exceso previsto de gasto y, si no se aprueban cambios, se producirá una subida en las cotizaciones.
«Las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto continúa en niveles razonables y las medidas están teniendo buenos resultados», ha avanzado Saiz, que ha señalado que el escenario macroeconómico actual y el nivel de gasto en pensiones son mejores que los pronosticados para 2023.
