Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una docena de medidas en materia de vivienda que abarcan un nuevo PERTE para el sector que se localizará en la provincia de Valencia para reconstruir el tejido afectado por la dana, así como más carga fiscal a los pisos turísticos y a la compra por parte de extranjeros.
Sánchez, que ha clausurado este lunes el foro «Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar» rodeado de numerosos ministros, ha anunciado además que llevará al Congreso una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio y tengan una fiscalidad equiparable a otras actividades económicas.
Además, limitará la compra de vivienda a extranjeros no residentes incrementando la carga fiscal hasta el 100 % del valor del inmueble, una medida que califica de inédita, y cambiará el régimen fiscal de las socimis para que se aplique sólo para viviendas sociales y no sirva para pagar menos impuestos.
Transferencia a la nueva empresa pública 30.000 viviendas de Sareb
Sánchez ha anunciado que en el primer semestre del año se va se van a incorporar a la nueva empresa pública de vivienda y suelo 30.000 viviendas que tiene la Sareb, 13.000 de ellas forma inmediata.
Ha avanzado que el Gobierno acaba de transferir más de 3.300 viviendas y dos millones de metros de suelo residencial a la recién creada empresa de vivienda pública.
Asimismo, el Ejecutivo establecerá un mecanismo legal para que la nueva empresa pública tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos, y otro para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
Exenciones a los caseros más allá de zonas declaradas tensionadas
También el Gobierno busca ampliar las exenciones fiscales para los propietarios que alquilen sus pisos vacíos en zonas tensionadas aunque no hayan sido declaradas como tales por las comunidades autónomas, con el objetivo último de aumentar la oferta de vivienda en alquiler y reducir los precios.
Además propone una nueva exención fiscal de hasta el 100 % en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los caseros que alquilen sus viviendas y se ajusten al nuevo índice de precios de referencia que publica el INE.
Según fuentes del Gobierno, con esta medida se busca sortear el rechazo de algunas regiones a declarar como zonas tensionadas determinados barrios de grandes ciudades.
La Ley de Vivienda pretendía aumentar las ventajas de los pequeños propietarios que arrendaran sus viviendas vacías en zonas tensionadas, aunque para ello las comunidades autónomas debían declararlas como tales, algo a lo que se opone la mayoría, entre ellas todas las gobernadas por el PP.
Para sortear esta situación, el Gobierno quiere que esas exenciones -que en la Ley de Vivienda pueden llegar al 90 % sobre el rendimiento neto- se apliquen a todos los propietarios en zonas tensionadas (declaradas como tales o no), aunque el índice de precios de referencia podría no ser el valor por el que se guíen algunas de las bonificaciones.
En este momento, con la actual Ley de Vivienda, los pequeños propietarios que arrenden sus viviendas a jóvenes o a la istración General del Estado en una zona declarada como tensionada están exentos de un 70 % de su rendimiento neto en el IRPF.
Si el arrendador alquila ese piso y realiza una rebaja del 5 % respecto a su anterior contrato, esa exención llega a un 90 %, una fórmula que se pretende emular con esta nueva medida, que aspira a llegar hasta el 100 % en la exención en algunos supuestos.
Sánchez acusa al PP querer volver al modelo «fallido» de la burbuja inmobiliaria
Sánchez ha acusado este lunes al PP de no arrepentirse de las consecuencias de la «política nefasta del pelotazo y la burbuja inmobiliaria» que cree que aplicó cuando gobernaba y pretender con sus medidas volver a ese modelo que ha calificado de «injusto y fallido».
Sánchez ha salido al paso de esas medidas que defiende el PP en el acto que ha clausurado en Madrid sobre política de vivienda y en el que ha anunciado una docena de iniciativas para intentar paliar el problema.
Unas iniciativas que está convencido de que pueden surtir efectos frente a las anunciadas por el PP en la reunión que este fin de semana mantuvo en Asturias el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo con sus barones territoriales.
Para el jefe del Ejecutivo, un problema añadido de España en esta materia respecto a otros países es que estuvo casi una década sin una política estatal de vivienda.
«No hubo una política pública. Se aplicó una política ideológica, una política neoliberal que tuvo unas nefastas consecuencias tanto desde el punto de vista social como económico y que España está aún pagando», ha lamentado.
A su juicio, lo que se hizo por parte de los gobiernos del PP fue «mirar hacia otro lado, desentenderse y desregular», además de eliminar las ayudas de a la vivienda que pusieron en marcha los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Acusa al PP de entregar a fondos buitres casas de protección
De la misma forma, ha acusado a los gobiernos populares de entregar a fondos buitres las casas de protección oficial que se habían construido, «abrir de par en par» las ciudades a empresas de alquiler turístico, aprobar las llamadas «golden visa» que «animaban a millonarios extranjeros a especular» y desahuciar a 600.000 familias en los años de la crisis financiera.
«Esa fue la política de vivienda del Partido Popular, dejar que los especuladores hiciesen negocio durante la crisis financiera y permitir -ha añadido- que en nuestra sociedad se abrieran unas heridas que aún hoy supuran».
Pero «lo peor de todo» cree que es que «visto lo visto» (en alusión a las medidas que el PP ha anunciado este fin de semana que pretende impulsar), «no se arrepienten».
Política «nefasta, la del pelotazo»
Por el contrario, considera que quieren volver «a esa política nefasta, la del pelotazo, la de la burbuja inmobiliaria y que luego venga papá Estado y pague los platos rotos con los impuestos de la clase media y trabajadora, que es -ha subrayado- la principal víctima de esa burbuja que otros inflaron».
Frente a ese modelo que ha calificado de «injusto y fallido» ha asegurado que existe una alternativa que es la que abandera su Gobierno con medidas como las hechas públicas en el acto que ha clausurado.
Unas medidas que está determinado a aplicar y que ha dicho que tendrían un impacto más rápido y de mayor envergadura si los gobiernos autonómicos «abandonaran el modelo de especulación que aplicó Aznar durante la época del boom inmobiliario y la burbuja y que cebó la crisis financiera que se llevó por delante al 50% del sector de la construcción».
Sánchez ha insistido en que España necesita una política fundamentada en las experiencias que han funcionado en otros países y que no lo haga a base de «ideología neoliberal fracasada y fallida en términos políticos, económicos y sociales».
