Madrid (EFE).- El Ejecutivo va a exigir algunas consideraciones a las compañías aseguradoras, entre ellas, en primer lugar, el principio de transparencia en los precios de las pólizas que ofrecen al sector del taxi, ha señalado este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Díaz ha celebrado esta mañana una reunión con los responsables de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), para abordar los retos y preocupaciones del sector, entre ellas las subidas de precio de las pólizas que cubren su actividad, que el colectivo tacha de «abusivas», al llegar a suponer en algunos casos más de 7.000 euros al año.
Manifestación en toda España de los taxistas
Los taxistas se manifestaron a finales de enero para protestar contra dichas subidas que consideran «injustificadas», y para exigir al Gobierno que tome medidas para proteger a un sector que presta un servicio público.
La ministra ha resaltado en declaraciones a los medios al término de la reunión que el sector del taxi está sufriendo «una especie de negociación desigual y leonina por parte de las compañías aseguradoras».
Éstas, «sin criterios racionales y objetivos, no solamente instalan precios de aseguramiento que son imposibles para el sector del taxi, sino que, además, de manera también irracional operan de forma cuando menos sorprendente, y fijan precios de manera casual en distintas comunidades autónomas y con distintos operadores del seguro concretos», ha relatado.
Derecho a saber las razones de los precios y las diferencias
Díaz ha subrayado que el sector «tiene derecho a saber con criterios racionales, indicadores racionales, cuáles son los precios, por qué, en qué se fundamentan, por qué se suben en algunas ocasiones y por qué hay tantas diferencias entre unas comunidades autónomas y las razones que lo motivan y la incorporación de mecanismos reguladores que impidan lo que hoy están sufriendo».
El taxi es un servicio fundamental para garantizar el derecho de movilidad en España, con una calidad extraordinaria y, además, sirve como mecanismo de vertebración social no solamente en las grandes ciudades, sino también en las rurales, donde es clave para poder desarrollar parte de las funciones vitales en muchas comunidades autónomas, ha destacado Díaz.
Los taxistas están viviendo situaciones complicadas, en primer lugar por «la proliferación de otros mecanismos que operan de facto con elementos de competencia desleal», pero también por rasgos de penosidad y otros más que «merecerían una atención propia en términos de jubilación anticipada».
«Nuestra posición es clara dentro del Gobierno y es que hay sectores y actividades profesionales que no pueden trabajar hasta las edades que hoy exige la legislación vigente», ha insistido.
«Y lejos de todo ello, lo que deberíamos hacer es facilitar efectivamente jubilaciones anticipadas sin penalizaciones que pueden alcanzar hasta el 40 % en la actualidad», ha agregado.
Amenaza a la viabilidad del taxi
Por su parte, tras agradecer la sensibilidad del Ministerio de Trabajo, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha explicado que la situación del sector «ya no es delicada ni grave, sino crítica en algunos lugares, con la imposibilidad de hacer frente a estas subidas desproporcionadas de la póliza de la prima de sus seguros», que amenazan la continuidad de este servicio público de interés general.
En ocasiones, ya se está pagando más del seguro que de la letra del coche, en las zonas rurales y los vehículos adaptados tienen serios problemas para asegurarlos y «verdaderamente lo que nos da la impresión es que estamos pagando los platos rotos de otras modalidades de transporte porque la siniestralidad del taxi se mantiene estable».
«No hay ningún elemento ahora que justifique ese aumento desproporcionado de las cuotas y nos podemos encontrar ante un colapso importante que amenace la viabilidad de lo que es servicio público que damos a los s», ha advertido.
El sector quiere seguir manteniendo un servicio público de calidad y, ante eso, solicita la tutela de la istración, que «tiene herramientas para poder topar el precio de los aumentos desproporcionados de las pólizas y dotar de transparencia a esas primas y que cada uno pague por los siniestros que provoca, y todo esto sin duda se puede y se debe de hacer», ha defendido.
Existen ahora mismo leyes que están en desarrollo, que pueden introducir perfectamente estas cuestiones, ha comentado Sanz, según quien, en algunos lugares, «no existe ni la posibilidad de asegurar un taxi».
«Alguien tiene que poner freno y fin a esta sin razón, es una auténtica locura. Somos cautivos de las compañías de seguros», ha lamentado.
