Madrid (EFE).- El envejecimiento de la población restará 0,8 puntos porcentuales cada año al crecimiento del producto interior bruto (PIB) per cápita en España durante los próximos 25 años, según el estudio «¿Dependencia y despoblación? Afrontando las consecuencias de una nueva realidad demográfica».
El documento, elaborado por el McKinsey Global Institute (MGI) y publicado este lunes, detalla que dos tercios de la población mundial viven en países con tasas de natalidad por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer) y España tiene una de las más bajas del mundo, de tan solo 1,2.
Respecto a la población en edad de trabajar en España, el informe prevé que caerá del 66 % actual hasta el 52 % en 2050, mientras que las personas en edad de trabajar por persona mayor de 65 pasará de 3,2 en la actualidad a 1,5 dentro de 25 años.
Así, con una tasa de natalidad tan baja y con un creciente porcentaje de población jubilada, «el crecimiento económico y las finanzas públicas se verán bajo una presión cada vez mayor».
Los cambios demográficos podrían restar hasta 0,8 % puntos
Estos cambios demográficos por si solos podrían restar a España hasta 0,8 puntos porcentuales de crecimiento al año hasta 2050, detalla el documento, que recuerda que el crecimiento anual de los últimos 25 años fue de 1,1 %, por lo que «la losa demográfica podría borrar casi la totalidad del crecimiento».
El investigador senior de MGI Marc Canal reconoce que España «tiene un reto demográfico enorme, que solo se solucionará con mayor participación laboral y un incremento sustancial de la productividad».
El estudio insiste en que si no se actúa con celeridad, este fenómeno podría comprometer la sostenibilidad del crecimiento económico, afectar los mercados laborales y poner en jaque los sistemas de pensiones.
En el caso de las empresas y para adaptarse a esta nueva realidad, el informe del MGI hace hincapié en que «deberán repensar sus estrategias para captar el mercado de los mayores» y también «invertir en tecnologías que impulsen la productividad».
Por su parte, los gobiernos tendrán que diseñar políticas públicas que fomenten dicha inversión, además del ahorro para la jubilación, la salud pública y la longevidad saludable, concluye.
