Madrid (EFE).- La oferta de alquiler permanente ha caído un 17 % desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, mientras que los precios han subido un 24 % y el número de interesados un 79 %, según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista.
De acuerdo con ese análisis, solo en el primer trimestre de este año había 35 personas interesadas de media por vivienda.
Barcelona es el gran mercado donde la competencia por un alquiler es mayor, con 61 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (57), Madrid (42), Bilbao (37), San Sebastián (37) y Sevilla (35).
Idealista señala que los precios de las rentas han subido un 24 % entre mayo de 2023 y abril de 2025 y 25 capitales de provincia registran máximos históricos.
Barcelona, la capital con alquileres más caros
Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros (23,8 euros/m2 de mensualidad), seguida de Madrid (21,4 euros/m2) y San Sebastián (18 euros/m2).
Por lo que respecta al ‘stock’, las mayores caídas entre los grandes mercados se observan en Barcelona (-46 %), en Bilbao y San Sebastián (-36 % en ambos), Palma (-35 %), Sevilla (-31 %) o Madrid (-21 %).
Mientras decae la oferta de alquiler habitual, Idealista apunta que el de temporada se ha incrementado un 25 % interanual en el primer trimestre y ya supone el 14 % de todo el mercado del alquiler en España. En Barcelona, el 47 % de las viviendas que se ofrecen lo hace en alquiler de temporada.
Peor con la ley
Según el portal, en estos dos años de funcionamiento de la ley, la situación de la vivienda de alquiler en España no ha ido a mejor, sino todo lo contrario.
Por su parte, la Agencia Negociadora del Alquiler coincide hoy en que la aplicación de esta ley ha tenido un impacto negativo tanto en arrendadores como en arrendatarios al destruir una parte muy importante de la oferta, elevando los precios y dificultando «enormemente» el a una vivienda digna.
Esta Ley, asegura su CEO, José Ramón Zurdo, ha perjudicado a aquellos a los que pretendía favorecer -los inquilinos-, que se han visto sometidos a auténticos procesos de selección, que muchos, sobre todo los más vulnerables, no logran superar.
Además, sostiene, se ha incrementado la inseguridad jurídica para los propietarios, se han alargado los procedimientos de desahucio y no se ha resuelto el problema de la ocupación ilegal de viviendas, ni la conocida como «inquiocupación».
