Madrid (EFE).- Junts quiere pactar con el PSOE un sistema de pago con «viñeta digital» para los vehículos extranjeros que transiten por vías de alta capacidad y que un 20 % de los ingresos se destinen al territorio afectado, según ha propuesto en la negociación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ha empezado esta semana en el Congreso.
Aunque el Gobierno ha asegurado que los españoles no pagarán peajes por el uso de autovías en esta legislatura, los independentistas catalanes creen que esta ley debería contener algún avance en el cumplimiento de las directivas europeas sobre tarificación por el uso de las infraestructuras viarias.
Por ello han planteado incluir en el texto una disposición adicional para que «mientras no se acuerda un sistema de cofinanciación de las carreteras de altas prestaciones de acuerdo con el principio europeo de pago por uso, a la espera del consenso social y político, se introduzca un pago por uso por viñeta digital para vehículos extranjeros que transiten por las infraestructuras viarias de alta capacidad».
En su enmienda, a la que ha tenido EFE, Junts pide que los ingresos que se generen se distribuyan según la titularidad de la vía, de forma que se destine un 20 % del total al territorio afectado, en concepto de emisiones de gases contaminantes y afectación al tráfico de sus habitantes.
Así lo ha planteado en la ponencia del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha empezado a discutir esta semana las 750 enmiendas registradas por los diferentes grupos parlamentarios.
La enmienda de Junts recoge que «este peaje será proporcional, en consideración de las emisiones emitidas y el tipo de vehículo, teniendo los vehículos eléctricos una bonificación del 20 %».
Como justificación señala que «la implementación de un peaje por viñeta digital permitirá una mejor gestión del tráfico y, sobre todo, que el impacto de los vehículos extranjeros y los vehículos pesados tenga un retorno en el territorio afectado».
Viñeta versus peaje
El modelo de pago por «viñeta», que es el que históricamente ha defendido la Generalitat de Catalunya, consiste en una tarifa plana por tiempo de uso (diaria, semanal, mensual o anual) y se aplica en países como Bulgaria, República Checa, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y Austria.
La patronal de las concesionarias (Seopan), que lleva años trabajando por la articulación un mecanismo de pago por uso en la red de carreteras estatales no es partidaria de ese sistema, que considera «ineficaz», si de lo que se trata es de gravar la circulación y de que pague el que contamina y el que utilice el vehículo.
Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) defiende un modelo de cobro por distancia, con el que, según sus datos, el Estado se habría ahorrado unos 5.000 millones de euros en las últimas dos décadas.
La mayor contestación al pago por uso de las carreteras viene de las compañías de transporte de mercancías, uno de los sectores en el punto de mira de la Ley de Movilidad Sostenible, que apuesta por reducir el transporte en camiones y fomentar el ferroviario.
ERC da un año al Gobierno
Aunque Junts es quien va más lejos en su propuesta, ERC también está de acuerdo con articular un mecanismo de pago por uso en la red de carreteras estatales y ha propuesto asimismo enmiendas de regulación a futuro del modelo de tarificación de las infraestructuras viarias de altas prestaciones.
En su caso ERC quiere introducir una disposición para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Ejecutivo presente un «estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento y una modernización de la Red de Carreteras del Estado, adaptándola a la electromovilidad y fomentando la digitalización».
«El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental, incluyendo de forma prioritaria descuentos a los vehículos eléctricos cero emisiones», señala la disposición que propone.
Desde el grupo socialista se limitan a decir que están «negociando» y que todavía están «al inicio» de la ponencia, aunque el objetivo del Gobierno es que la ley entre en vigor este año, en cumplimiento de su compromiso con la Unión Europea (UE).
La Ley de Movilidad Sostenible es una de las reformas comprometidas por el Ejcutivo de Pedro Sánchez con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo que supone que España podría perder 10.000 millones de euros de fondos europeos, si no sale adelante.
