Madrid (EFE).- El Gobierno y las comunidades del PP mantienen dos modelos distintos en materia de vivienda, basados a grandes rasgos en más intervención y más mercado, respectivamente, que confrontarán en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, precisamente la ciudad ejemplo de éxito para los socialistas de sus políticas en esta materia.
El Ejecutivo está centrado sobre todo en reducir los precios del alquiler, para lo que sacó adelante junto a sus socios una Ley de Vivienda que incluye la declaración de zonas de mercado tensionado, a las que se oponen la mayoría de comunidades populares, con la excepción de la Xunta de Galicia, que ha aprobado la solicitud de A Coruña, en todo caso pese a estar seguros de que «no va a solucionar el problema de a la vivienda en la ciudad».
Como destacó recientemente la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la aplicación de esta ley, una medida en la que Barcelona ha sido pionera, ha conseguido rebajar el precio del alquiler en la ciudad en un 6 %, en un contexto en el que el incremento del coste de la vivienda la hace inaccesible a amplias capas de la población, tanto en propiedad como en alquiler.
La vivienda subió un 11,3 % en 2024 y seguirá al alza
Los datos del Índice de Precios de Vivienda del INE revelan un encarecimiento en 2024 del 11,3 %, mayor en Andalucía (13,4 %), Aragón (13,3 %) y Navarra (12,9 %) y menor en Baleares (8,6 %), Castilla-La Mancha (8,7 %) y Extremadura (9,1 %).
Según los datos que maneja el Consejo General del Notariado, el pasado mes de marzo los precios se encarecieron un 7,3 % y, por territorios, la vivienda se encareció en todas las comunidades salvo Extremadura, donde bajó un 0,1 %, sobre todo en Navarra (23,6 %), Madrid (16,7 %) y Murcia (15,1 %), muy por encima de Asturias (7,7 %), Baleares (7,3 %) y Canarias (6,9 %).
El último análisis de BBVA Research prevé que el precio de la vivienda crezca algo menos este año y el próximo, en torno al 6,5 % como promedio anual, en parte porque la actividad constructora mantendrá tasas de crecimiento elevadas, con alrededor de 310.000 viviendas iniciadas, que son 80.000 más que en el bienio actual, todavía por debajo de lo que el sector estima necesario.
BBVA Research considera que la tensión en el mercado no cesará si no aumenta la oferta de manera significativa, defiende que las istraciones tienen un papel clave para propiciar la promoción de vivienda y aboga por alcanzar un consenso político que incentive la inversión en el sector e incremente la oferta a precio asequible.
El Gobierno defiende el derecho a una vivienda asequible
Ese consenso, sin embargo, no parece factible en estos momentos de tensión política, en el que incluso fijar el orden del día de la propia Conferencia de Presidentes ha supuesto días de enfrentamiento.
El jefe del ejecutivo central, Pedro Sánchez, que propuso el a la vivienda como primer punto a abordar en la cumbre de Barcelona, recalcó hace pocas semanas, justamente en la capital catalana, que su Gobierno ha hecho de la vivienda su prioridad y está comprometido con garantizar el derecho a una vivienda asequible.
Como ejemplo citó la primera Ley de Vivienda de la democracia y en concreto el Índice de Precios de Referencia, que ha permitido, allí donde se aplica, que el precio del alquiler caiga un 3,7 % en un año sin que se reduzca la oferta.
Indicó además que ya están en marcha más de 80.000 viviendas de alquiler asequible con el objetivo de que lleguen a ser el 9 % del parque público de vivienda, se ha creado un registro único estatal y se ha regulado que sea necesario contar con el permiso de la junta de vecinos para las viviendas de uso turístico.
El Gobierno ha resaltado asimismo la implantación del bono de alquiler joven de 250 euros al mes dotado con 200 millones de euros anuales y del que ya se han beneficiado más de 66.000 jóvenes, y ha apostado por otras medidas como la regulación y limitación de los pisos de alquiler y de la compra por ciudadanos extracomunitarios.
Una Ley de Vivienda «fracasada» según el PP
Por su parte, el PP, cuyas comunidades pidieron y lograron que en la Conferencia de Presidentes se fuera a hablar de «okupación» e «inquiokupación», sostiene que la Ley de Vivienda ya está «fracasada».
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo en febrero que desde que gobierna Pedro Sánchez “en España no deja de subir la vivienda” y opuso a las “recetas” socialistas «construir más, liberar suelo, dar avales, facilitar la compra y sobre todo, dar seguridad jurídica para que quien ocupa una casa en 24 horas esté fuera”.
En la misma línea, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Susana Camarero, afirmó hace unos días que esta ley, que limita el precio del alquiler, «lo único que provoca es expulsar viviendas del mercado, reduciendo la oferta e incrementando los precios».
La política de vivienda del Gobierno valenciano, señaló, «es la contraria» y consiste en «dar facilidades y promover la construcción de vivienda, lo que permite reducir el precio».
