Madrid, (EFE).- La “tormenta” regulatoria europea, la posible reducción de la jornada laboral y la alarmante escasez de conductores profesionales son las tres principales amenazas del sector español del transporte internacional por carretera, según las conclusiones de la asamblea general de la patronal ASTIC celebrada este jueves.
Para ASTIC (Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), medidas y normativas europeas como los peajes por emisiones de CO2, la directiva CS3D (diligencia debida en sostenibilidad) o la CSRD (informes de sostenibilidad) implican «un profundo aumento» de los costes estructurales para las empresas de transporte de España.
La adecuación a las directivas CS3D y CSRD «exige sistemas de gestión ESG, certificaciones ambientales y auditorías externas, lo que supone un coste añadido de entre 75.000 y 175.000 euros anuales para una empresa tipo», ha detallado ASTIC en un comunicado.
A esto se suma la inclusión del transporte por carretera como “sector difuso” en el nuevo régimen ETS II (Sistema de Comercio de Emisiones para 2027), lo que implicará un sobrecoste anual estimado entre 875.000 y 1,2 millones de euros para una empresa con 100 vehículos, ha advertido.
Todas estas normativas «amenazan con erosionar los ya estrechos márgenes del sector -que se sitúan entre el 3 % y el 5 %- y podrían poner en riesgo la viabilidad de las empresas que no logren adaptarse a tiempo», ha subrayado el presidente de ASTIC, Marcos Basante.
Basante ha adelantado que ASTIC se dirigirá formalmente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar una revisión de los plazos y objetivos marcados.
Faltan 30.000 conductores profesionales
En cuanto al déficit de conductores profesionales, en España hacen falta 30.000 transportistas, cifra que en 2028 podría elevarse hasta los 116.000, ha alertado la asociación.
Con el objetivo de mitigar esta problemática, a su juicio, se debe facilitar la incorporación de profesionales de terceros países; revisar el modelo de formación; incluir esta profesión en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del SEPE, e incentivar el empleo joven, así como el femenino.
Respecto de la reducción de la jornada laboral que podría entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero, si el Gobierno logra los apoyos parlamentarios necesarios, dado que afectaría al transporte por carretera español, pero no al de otros países, situaría a nuestro sector en clara desventaja competitiva, que se podría traducir en incremento de precios de los productos transportados.
«Nuestros conductores, trabajadores con jornadas de duración especial, conducirían 8.000 km menos al año. Nos preocupa especialmente cómo se articulará esta reducción con la estricta normativa europea sobre tiempos de conducción y descanso, lo que podría generar importantes tensiones operativas y legales», ha precisado el vicepresidente ejecutivo de la patronal, Ramón Valdivia.
