Madrid (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado su independencia frente a la «injerencia» de un «caducado» Consejo General del Poder Judicial, que se opuso a su renovación gracias a los votos de ocho vocales conservadores, a quienes ha acusado de erigirse en un «tribunal de honor» contra él.
«Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales», ha dejado claro este jueves García Ortiz ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde se somete a su examen de idoneidad para revalidar su cargo al frente de la Fiscalía General del Estado.
Una vez más y frente a las críticas de parte de la carrera y del propio CGPJ, el fiscal general ha vuelto a asegurar que «amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas» y defenderá a todos los que puedan verse perturbados en sus funciones, «incluidos por supuesto» los que han intervenido en causas del «procés».
«Una posición objetiva y neutral»
Pero también ha dejado claro que «nunca» adoptará «posiciones partidistas» ni actuará «conforme a criterios políticos», sino que mantendrá «siempre una posición objetiva y neutral» y no emitirá «ninguna declaración política partidista. De ningún partido».
«No me corresponde a mí juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política», ha indicado en referencia implícita a la propuesta de ley de amnistía, sobre la que parte de la carrera le pide que se pronuncie.
Especialmente duro ha sido respecto al informe que emitieron el pasado mes de noviembre ocho vocales conservadores del CGPJ, un órgano «diezmado, cuyo mandato caducó hace más de cinco años», que por primera vez en la historia, por un voto de diferencia, se pronunció en contra del nombramiento de un fiscal general.
Y para ello ha usado los mismos términos que ya expresó el año pasado en esta misma comisión, cuando acusó a siete de los ocho vocales que votaron el mes pasado contra él de erigirse en un «trIbunal de honor» en su contra al desmarcarse entonces en un voto particular del dictamen favorable que en julio de 2022 sí dio el CGPJ a su candidatura.
Ha acusado a esa «menguada mayoría» de fiscalizar su actuación y juzgarle sin ser un tribunal o un órgano jerárquicamente superior «atendiendo a un interesado y novedoso criterio de oportunidad», y ha ido repasando, uno por uno, los argumentos que esgrimieron en su contra.
Defiende su independencia de criterio
Frente a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso a primera categoría de la carrera a su antecesora, Dolores Delgado, García Ortiz ha mantenido «sin ambages» que la atribución como fiscal de Sala a un ex fiscal general del Estado es lo que «asegura una absoluta independencia de criterio durante su mandato», y ha defendido que también lo hicieron sus «predecesores».
Ha combatido argumentos como el de falta de transparencia en los nombramientos discrecionales y ha señalado que no «atinan estos vocales» cuando cifran en 33 las designaciones: Son 44 y solo 10 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha corregido.
Además de falta de rigurosidad, les ha acusado de extralimitarse en la labor de la Fiscalía al afirmar que la circular que emitió respecto a la conocida como «ley del sólo sí es sí» fue considerada improcedente por el Supremo, algo que ha considerado «un inisible ataque a la autonomía de todos los fiscales».
García Ortiz ha garantizado que la imparcialidad de los fiscales es «una obligación constitucional y legal, pero también ética y moral».
«Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho», ha manifestado para dejar claro que no será «un comentarista de la actualidad política o judicial» porque «convertir al Fiscal General en un opinador es situarlo en el centro de la polémica».
