Barcelona (EFE).- La Dirección General de la Policía ha tranquilizado este jueves a los sindicatos policiales, a quienes ha asegurado que el traspaso de la inmigración a Cataluña no supondrá la pérdida de las competencias que ahora tiene este cuerpo en materia de extranjería y fronteras.
Según han indicado a EFE fuentes sindicales, responsables de la Dirección han llamado a los representantes de esas organizaciones para tranquilizarles, después de que este mismo jueves hayan mostrado su inquietud por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para ceder las competencias en materia de inmigración a la Generalitat a través de una ley orgánica.
Una cesión que, de forma unánime, han considerado un despropósito porque, según ellos, supondría el desmantelamiento y la expulsión de la Policía Nacional de Cataluña.
De acuerdo con las fuentes, en esas llamadas la Dirección ha recalcado que las competencias actuales de la Policía Nacional se quedarían «como están».
A la espera del texto de la futura ley
No obstante, algunos representantes sindicales han mostrado a EFE su desconfianza y han dicho que siguen a la espera de conocer el texto de la futura ley.
Han recordado, además, que actualmente hay 3.000 agentes del cuerpo en Cataluña, de los que un 25 por ciento realizan tareas de extranjería y fronteras.
De traspasarse esas competencias, a la Policía Nacional solo le quedarían en esa comunidad autónoma las funciones de expedición del DNI y de seguridad estática en los edificios de la istración central, han añadido las fuentes.
Mientras, fuentes del Ministerio de la Presidencia han indicado que, en cualquier caso, no se trataría de un traspaso, sino de una sería delegación de competencias.
Un matiz muy importante, han recalcado estas fuentes, porque supondría que las competencias seguirían residiendo en el Estado y solo habría delegación de ellas.
El pacto sobre migración tensa la relación ERC-Junts
El acuerdo entre Junts y PSOE para traspasar a Cataluña las competencias sobre inmigración ha tensado de nuevo la relación entre ERC y su antiguo socio de gobierno y ha generado incomodidad en el Govern, que exige a la Moncloa más concreciones, mientras trata de rebajar el alcance real del pacto.
La política catalana ha vivido durante todo este jueves las réplicas del acuerdo in extremis de ayer entre Junts y socialistas, que permitió al Ejecutivo sacar adelante dos de los tres decretos ley y que incluye, además de las competencias en inmigración, la supresión del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y publicar las balanzas fiscales.
De hecho, se da el caso de que el pasado septiembre Junts se quedó solo en el debate de política general en el Parlamento catalán al defender un propuesta que reclamaba el traspaso de esas competencias por parte del Estado, que fue tumbada al no recibir apoyo de ningún otro grupo.
Junts saca pecho
Ahora, reforzados tras el acuerdo con el PSOE, Junts se ha esforzado en sacar pecho de su capacidad negociadora en contraste con ERC, pero también por haber conseguido marcar perfil en el debate migratorio, cuestión cada vez más presente en discursos del partido, desde Carles Puigdemont hasta los alcaldes de la comarca del Maresme que pidieron un cambio legal para expulsar a multirreincidentes.
Es por ello que, en entrevistas en distintas emisoras o televisiones a lo largo de esta mañana, los primeros espadas de Junts han avanzado aspectos que estarían contemplados en dicho pacto, como por ejemplo permisos de residencia, expedición de documentos o flujos migratorios, como ha asegurado la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.
Por su parte, la líder del partido, Laura Borràs, -que ha negado que Junts sea «aliado o socio» del PSOE, hacia el que mantiene su «desconfianza absoluta»-, ha asegurado también que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones debe traducirse en que Cataluña pueda regular flujos migratorios o cuestiones «fronterizas»
El Govern rebaja el pacto y exige concreción a Bolaños
Pero quien deberá gestionar esa transferencia de competencias será el Govern de Pere Aragonès (ERC), desde donde se ha insistido en rebajar el pacto y mostrar cautela sobre su alcance, aunque en paralelo ha reclamado al Gobierno central que le ofrezca explicaciones sobre el contenido de dicho acuerdo, que ha provocado incomodidad en la Generalitat.
Esta misma mañana, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha tomado la iniciativa y ha ado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para pedirle información y concreciones del acuerdo, según han confirmado a EFE fuentes de ambos ejecutivos.
Vilagrà ha escrito a Bolaños para preguntarle sobre el contenido exacto del pacto, a lo que el ministro le habría respondido, también a través de mensaje, comprometiéndose a informar a la número dos del Govern, aunque sin dar por ahora más detalles al respecto.
Horas más tarde, tras un acto en Barcelona, la propia consellera ha hecho evidente ante los medios el malestar del Govern y sus dudas sobre el acuerdo: «En esta negociación solo hay compromisos difusos, no hay concreción, no hay letra pequeña», ha dicho Vilagrà, que ha «exigido» a la Moncloa «conocer la letra pequeña».
También desde ERC la diputada en el Congreso Teresa Jordà ha tildado el acuerdo de «enunciado» y ha recordado que hará falta conocer su alcance real. «Quien tenemos delante negociando es el PSOE -ha advertido-. Nosotros no estamos en P1 de negociar con el PSOE, ya tenemos un cierto recorrido. ¿Por qué digo eso? Porque aquí hay la letra pequeña».
Turull enciende las alarmas de ERC y comunes
Otro foco de polémica entre ambos partidos se ha abierto tras las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien al ser preguntado hoy en Catalunya Ràdio sobre si es partidario de expulsar a inmigrantes irregulares multirreincidentes, se ha mostrado de acuerdo en que «todo se debe decidir desde Cataluña».
Sin citar explícitamente a Junts, el líder de ERC, Oriol Junqueras, le ha advertido del riesgo para la cohesión social que puede suponer «abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes». «Nos jugamos mucho».
Más duro ha sido el secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC, Ruben Wagensbeg, que las ha tildado de «puro populismo» y muestra del «camino peligroso» de Junts, aunque también ha restado potencia al acuerdo: «Venden humo con un tema complejo».
También la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha replicado a Turull: «¿Queremos más autogobierno para Cataluña y las competencias en política migratoria? Sí rotundo. Pero no para criminalizar a las personas migrantes, como hace Junts, sino porque queremos que Cataluña continúe siendo tierra de acogida».
Illa afea la estrategia de Junts
Las críticas a Junts han llegado también desde el PSC, cuyo primer secretario, Salvador Illa, ha criticado en Rac1 que a ese partido «le guste convertir cada votación en un Vietnam» y ha rechazado este «estilo de hacer política».
Y aunque se ha mostrado favorable a que Cataluña tenga todas las competencias posibles dentro de la legalidad, se ha preguntado: «¿Para hacer qué?».
El líder de CS, Carlos Carrizosa, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «entregar» las competencias sobre migración al «separatismo más supremacista y xenófobo» de Junts, quien está «en competición» con la formación de ultraderecha Aliança Catalana y la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.
