Madrid (EFE).- Gobierno y PP no cejan en la disputa sobre el alcance de los últimos cambios de la proposición de la futura ley de amnistía, ya avalada por la Comisión de Justicia del Congreso gracias a la mayoría parlamentaria que ha tejido el PSOE. El núcleo de la polémica se localiza en el perdón de los delitos de terrorismo atribuidos a Carles Puigdemont en la instrucción judicial del caso Tsunami.
Gracias a los los votos favorables del propio grupo socialista, de Junts, ERC, Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos, y entre críticas del PP y Vox, la Comisión de Justicia envió este martes al pleno el dictamen sobre la ley, a la que aguardan aún dicho trámite y el paso por el Senado. Aquí la aritmética parlamentaria es distinta: el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
A la espera de ver cómo avanza el texto por el Parlamento, éstas son algunas claves para contextualizar las últimas modificaciones introducidas.
¿Qué pasa con los delitos de terrorismo?
El texto inicial, presentado en solitario por el PSOE el pasado mes de noviembre, excluía de la amnistía los delitos de terrorismo «siempre y cuando» existiese sentencia firme.
Ahora esa referencia se ha borrado del texto, que establece que no serán perdonados los actos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.
Es decir, esta concreción de los delitos de terrorismo permitiría incluir en la amnistía el caso Tsunami, en el que el juez instructor, Manuel García-Castellón, atribuye a Puigdemont y a Rovira este tipo de delitos.
Investiga, entre otros extremos, la relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat.
Blindaje ante posibles recursos
Otro de los cambios que han salido adelante afecta de lleno a la aplicación de la amnistía y al levantamiento de las medidas cautelares y órdenes de búsqueda y captura y de detención acordadas en el marco del ‘procés’.
La modificación aprobada supone, en la práctica, que el juez debe retirar «de inmediato» esas medidas cautelares aunque el procedimiento penal esté en el aire «por cualquier causa», como podría ser un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional.
¿Qué sucederá con Puigdemont?
Lo que buscan ambas enmiendas, como han explicado en la Comisión de Justicia tanto Junts con ERC, es «ampliar» el paraguas de la amnistía y conseguir una ley «integral» de aplicación «inmediata» que incluya el caso Tsunami Democràtic y el de los Comités de Defensa de la República (CDR), que se siguen en la Audiencia Nacional por terrorismo.
El tratamiento de estos delitos era uno de los principales escollos de las negociaciones, sobre todo después de que el juez Manuel García Castellón pidiera investigar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en el caso Tsunami, que gira en torno a los disturbios del otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del ‘procés’.
¿Regreso a España del expresident en mayo?
Puigdemont, líder de Junts, se encuentra fugado de España desde 2017 y, a diferencia de otros ex altos cargos como el exvicepresidente Oriol Junqueras, no fue juzgado por el Tribunal Supremo en la causa del proceso independentista catalán.
De salir adelante, la norma garantizaría su vuelta y se convertiría en uno de los principales beneficiados de la amnistía, dado que el texto recoge que se deben levantar todas las medidas cautelares aunque la norma esté recurrida. En una situación similar se encontraría Marta Rovira.
Sobre su posible regreso, el exportavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, uno de los impulsores de la ley, ha considerado que «entre mayo y junio» el expresidente catalán y la secretaria general de ERC «podrían regresar a Cataluña».
Una negociación ‘in extremis’
Como todas las últimas negociaciones entre el PSOE y sus socios catalanes, se ha apurado el plazo y se ha logrado un acuerdo ‘in extremis’ a última hora de la noche del lunes.
El anuncio del acuerdo sobre los dos artículos modificados ha llegado apenas unos minutos antes de la Comisión que los ha aprobado, la de Justicia. Cabe puntualizar que el procedimiento se está llevando a cabo en enero, que es un mes habitualmente inhábil en el Parlamento.
Tanto el PP como Vox han mostrado su férrea oposición a una norma que consideran inconstitucional y la «antiley» y han rechazado también las enmiendas aprobadas.
Siguientes pasos en el Congreso y en el Senado
Una vez la norma circuló por la Comisión de Justicia, ahora debe ser el pleno de la Cámara Baja quien le dé el visto bueno tras un debate en el que podrán volver a salir las propuestas de ERC y Junts que hoy no han sido aprobadas.
Entre ellas, la de ampliar el plazo de aplicación de la amnistía dos meses, desde el 1 de noviembre de 2011.
Después, el texto pasará al Senado, donde comenzará una tramitación ya no exprés, como ha sido en la Cámara Baja, sino todo lo contrario a tenor de lo anunciado por el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta.
