Madrid (EFE).- La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que está de visita en Madrid para emitir un informe sobre la ley de amnistía, concluye este viernes su misión con sendas reuniones con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
La delegación de la Comisión, que emite informes no vinculantes, está formada por siete integrantes -juristas y dirigentes políticos de diferentes países- que acuden a España para conocer todas las opiniones sobre la ley de amnistía a los encausados por el procés antes de emitir su informe.
Jornada del viernes
Este viernes, se reúnen primero con el fiscal general y ya después marcharán al Tribunal Constitucional donde se reunirán con su presidente y cerrarán con expertos en derecho, en encuentros que tendrán lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Jornada del jueves
En su primera jornada, la delegación europea, que quiso dejar claro que son «expertos independientes», anunció que entregará su informe a las Cortes Generales el próximo 15 de marzo, si bien abrió la puerta a la posibilidad de entregarlo antes si les urgía, una opción que reclamará el PP, según fuentes de este partido.
Reunión con diputados de la Comisión de Justicia del Congreso
Su reunión con los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso fue la que despertó más interés por las preguntas que formularon sobre aspectos técnicos de la ley y otros asuntos como la Operación Cataluña, aunque sin mencionar nada sobre terrorismo.
Cita con Bolaños
En cuanto a las otras citas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, les transmitió la importancia de la ley y «y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la UE».
También se reunieron con los presidentes de las cámaras, con tiempos llamativamente distintos. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se limitó a saludarles, mientras que el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, estuvo una hora con ellos.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial precisó que aun no tiene una postura oficial sobre la norma y tres de las cuatro asociaciones judiciales -las conservadoras- resaltaron su opinión crítica con la ley.
