Madrid (EFE).- El Gobierno propondrá como nueva presidenta del Consejo de Estado a la ex vicepresidenta primera del Gobierno y diputada socialista en el Congreso Carmen Calvo, que ha renunciado a su escaño en la Cámara Baja, según han confirmado a EFE fuentes socialistas.
Calvo sustituirá al frente del Consejo de Estado a Magdalena Valerio, que tendrá que ser cesada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de noviembre, que anuló su nombramiento por no reunir el requisito legal de «jurista de reconocido prestigio» que exige la ley orgánica que regula la institución.
Anulación del nombramiento de Valerio
Doctora en Derecho, Calvo se pondrá al frente de este órgano consultivo una vez que el Supremo rechazó el pasado día 2 el incidente de nulidad contra la sentencia que anuló el nombramiento de Valerio.
Una resolución que se adoptó tras estimar el alto tribunal el recurso de la Fundación Hay Derecho, donde alegaba que la exministra de Trabajo solo reunía uno de los dos requisitos que fija la normativa, contar con experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser jurista de reconocido prestigio.
Carmen Calvo, que fue vicepresidenta del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha sido también uno de los referentes del feminismo en el PSOE y muy crítica con la ley trans, que promovió Unidas Podemos.
De hecho, se abstuvo en la votación del Congreso que aprobó esta ley del Gobierno de coalición, en diciembre de 2022, rompiendo así la disciplina de voto por lo que fue multada por el partido.
El PP critica el nombramiento de Carmen Calvo
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha opinado hoy que nombramiento de Calvo representa otra vuelta más de «las puertas giratorias» del Gobierno en «la colonización de las instituciones» y lo ha tildado de «grave».
En un vídeo remitido a los medios, Gamarra ha reprochado al Gobierno que designe a nuevamente a una exministra socialista para el cargo tras la sentencia del Supremo, del pasado 30 de noviembre, con la que se anuló el nombramiento de Valerio por no reunir el requisito legal de «jurista de reconocido prestigio» que exige la ley orgánica que regula la institución.
«Y exigimos otra manera de gobernar, que es la que representamos desde el PP, respetando las instituciones, pensando y defendiendo que deben de ser personas independientes aquellas que sean nombradas al frente de las mismas y, por supuesto, trabajando por la calidad democrática», ha sostenido Gamarra, quien ha insistido en la «colonización» que hace el Gobierno de las instituciones «para controlarlas.
