Palma (EFE).- El portavoz del Govern balear, Toni Costa, ha asegurado este jueves que «ningún alto cargo del actual Servicio de Salud ha tenido ni el más mínimo o con Koldo ni nadie de la presunta trama de corrupción» por la venta de mascarillas durante la pandemia.
Costa ha itido que existe la posibilidad de que « de empresa o Koldo hayan tenido o con funcionarios dentro del marco del expediente de reintegro», en referencia al procedimiento de reclamación que inició el Govern para pedir la devolución de 2,6 millones de los 3,7 millones abonados a la empresa investigada Soluciones de Gestión por las mascarillas adquiridas en 2020.
Ha precisado que al Govern no le consta ningún tipo de presión a esos técnicos funcionarios, y ha manifestado su total confianza en su profesionalidad.
La empresa presentó en noviembre alegaciones a la reclamación del Govern, ha recordado Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern. Un representante de la empresa accedió al expediente en el Ib-Salut y visitó el almacén donde están las mascarillas.
Costa ha recalcado que «ningún alto cargo del Govern ha recibido ninguna presión por parte de la trama de corrupción conocida como caso Koldo». «No sabemos de dónde lo deduce el sumario, no sabemos de dónde sale», ha añadido.
Pide explicaciones al anterior Govern
En opinión de Costa, quien debería dar explicaciones sobre este asunto es el Govern anterior del pacto, presidido por Francina Armengol, para decir «si es Armengol la persona de o, si fue Ábalos quien ó, y si no es con la expresidenta Armengol, con quién se ó».
Además cree que el anterior Govern también debe explicar «cómo se pueden tardar 3 años en reclamar los 3,7 millones de euros por unas mascarillas que se ha acreditado que son defectuosas». Costa ha recordado que están almacenadas desde que llegaron «han caducado y no han servido absolutamente para nada».
Sobre lo que recoge el sumario de una conversación del pasado diciembre entre Koldo García y un empresario investigado por el presunto cobro de comisiones ilegales, donde García afirmó sobre la reclamación balear que le habían dicho que el tema no tenía recorrido jurídico, Costa ha respondido: «Los únicos que parecen tener un interés claro en que el expediente haya caducado son, sorprendentemente, el PSIB, (su portavoz) Negueruela y la trama de Koldo y sus compañeros».
La devolución de 2,6 millones de euros
«Parece evidente que la trama de presunta corrupción intentaba por todos los medios que no se procediera el reintegro y parece que tuvieron éxito durante más de 3 años; cuando no lo han conseguido es cuando llegó este Govern», ha afirmado.
Costa ha defendido que la reclamación a la empresa para que devuelva 2,6 millones de euros «no ha caducado», aunque se enfrenta «a otras adversidades», como que el subdirector de compras del Ib-Salut del anterior Govern acreditó que se había cumplido el contrato.
«Esto es un problema de verdad porque dio la razón a la empresa y esto constituye un obstáculo», ha itido, pero ha recalcado que aún así, el Govern no renunciará a reclamar por vía istrativa.
El Govern del PP supo de la existencia de la reclamación porque ese mismo subdirector de compras, el 6 de julio, días antes del traspaso de gobierno tras las elecciones autonómicas, hizo un informe que acredita que son defectuosas y que procede el reintegro, procedimiento que se puso en marcha en agosto.
«Si no hubiera habido aquel informe, nos habría costado encontrarlo», ha itido Costa, que ha añadido que también se descubrió que se habían percibido fondos europeos por ese material «cuando sale el escándalo, al revisar el expediente».
El vicepresidente ha advertido de que en el expediente no figuran ni la carta remitida a la empresa en marzo de 2023 adelantando que le iban a reclamar dinero, ni la respuesta de la empresa, ni tampoco el informe acreditativo de que las mascarillas eran defectuosas de junio de 2020 «y como consecuencia, se certifican para fondos europeos».
«Sorprendentemente, aspectos claves, no figuran en el expediente», ha dicho Costa, que ha añadido que la falta de esa documentación hizo posible que ese gasto se certificara para pedir fondos europeos y se percibieran fondos Feder, cuando «obviamente no se podía certificar ese gasto, lo que se tenía que hacer era proceder al reintegro».
«La vía penal nos permitirá con buen criterio recuperar los 3,7 millones», ha augurado el vicepresidente.
