Palma (EFE).- El actual director general del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salud), Javier Ureña, ha asegurado este miércoles que el Govern balear de Francina Armengol no informó al ejecutivo de Marga Prohens del sobrecoste de las mascarillas del caso Koldo, ni inició la reclamación a la empresa investigada.
En una entrevista al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, recogida por EFE, Ureña (PP) ha replicado a algunas de las afirmaciones que hizo este martes en rueda de prensa Armengol, presidenta del Congreso y líder de los socialistas de las islas.
En el traspaso de poderes no se mencionó
Ha mantenido que ni en la reunión de traspaso de poderes de la Conselleria de Salud ni en la del Ib-Salud los altos cargos socialistas informaron a los del PP que les reemplazaban de la compra de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros cuya calidad era mucho menor de la contratada, por lo que fueron almacenadas y nunca se emplearon.
De hecho, hay un documento de 600 páginas del traspaso de poderes en el Ib-Salud en el que no hay referencia alguna a este asunto, ha señalado Ureña.
El expediente de reclamación, ha explicado, lo firmó él mismo el 24 de agosto de 2023 por un total de 2,6 millones de euros: la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, un 70 % más baratas.
Según su relato, el 6 de julio de 2023, el mismo día que Marga Prohens fue proclamada presidenta de Baleares, el subdirector de la Central de Compras y Logística del Ib-Salud, Antoni Mascaró, firmó un informe de propuesta de reclamación, lo que no supone en ningún caso el inicio del proceso, ha subrayado.
La «total conformidad» con el contrato dificulta la reclamación
El director general ha garantizado que el expediente de reclamación no ha caducado y que, por tanto, el actual Govern balear tratará de recuperar, por vía istrativa y penal, 3,7 millones de euros, todo el coste de las mascarillas.
Ureña ha advertido que el «problema» de este expediente de reclamación es que en agosto de 2020 el Govern de Armengol, a través de un documento oficial, expresa su «total conformidad» con el contrato de compra.
Las mascarillas continúan en un almacén, pero ahora están custodiadas «a buen recaudo» porque forman parte de una investigación de la Audiencia Nacional.
Por otra parte, Ureña ha afeado a la presidenta del Congreso que descargue la responsabilidad de esta adquisición de mascarillas en los funcionarios del Ib-Salud: «No lo vamos a permitir (…), no es un funcionario quien decide una compra por valor de 3,7 millones de euros».
«Según la información que tenemos nosotros, esta compra la decidieron altos cargos y directivos» del Govern de Armengol, ha sentenciado.
El PSOE balear rehúsa dar detalles de la compra
Por su parte, el portavoz del PSOE balear y del anterior Govern autonómico, Iago Negueruela, ha rehusado este miércoles detallar quién ofreció a Baleares y quién aceptó la propuesta de comprar por 3,7 millones de euros el lote de 1,5 millones de mascarillas investigado en el caso Koldo.
Ante las reiteradas preguntas en una rueda de prensa para que concretara qué personas intervinieron en la transacción realizada en 2020, Negueruela ha atribuido la iniciativa de forma genérica al Ministerio de Fomento y la recepción de la propuesta a la «istración balear».
«Voy a mantenerme en lo dicho (…), hemos dado todas las explicaciones», ha afirmado el portavoz socialista, quien considera que «está habiendo un doble rasero a la hora de pedir explicaciones», puesto que no se demanda con igual intensidad al actual Govern del PP que aclare en qué situación está la reclamación de 2,6 millones de euros por el sobrecoste de las mascarillas.
A su juicio, su partido, en defensa de la gestión del anterior Govern autonómico, está brindando «un ejemplo de transparencia» pese a que no está afectado directamente por la investigación de la Audiencia Nacional.
«No hay la más mínima duda de cómo se hicieron las cosas, que se hicieron bien», ha sostenido Negueruela, que considera que su partido y la líder socialista de Baleares, Francina Armengol, son víctimas de «una cacería» del PP que supone también un ataque a la institución del Congreso de los Diputados.
