Madrid (EFE).- La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera reconoció ante la Guardia Civil que recibió «presión» del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para que la adjudicación a la empresa del caso Koldo en marzo de 2020 «se realizara con la mayor premura posible y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida».
Pardo de Vera rechazó que en Adif se recibiese ninguna orden para adjudicar a Soluciones de Gestión, empresa del caso Koldo, pero sí reconoció esas presiones del Ministerio y de su gabinete, en el que estaba el propio Koldo García, exasesor del exministro, según consta en el acta de declaración que obra en el sumario, al que ha tenido EFE.
Declaró como testigo en febrero
La expresidenta de Adif fue una de los ex altos cargos que declaró como testigo ante la Guardia Civil el pasado mes de febrero; también lo hizo el actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel García; y el ya cesado secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, entre otros.
Pardo de Vera barajó la posibilidad, en su opinión, de que a Koldo García le nombrasen consejero de Renfe porque «el sueldo de Gabinete era bajo» y, aunque desconoció si intervino en la adjudicación, sí que apuntó que era una persona «muy insistente y que ó con ella en numerosas ocasiones siempre en nombre del ministro de Transportes (Ábalos) para diversas cuestiones».
También señaló que vio al empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados, en el Ministerio «en varias ocasiones reunido con Koldo»; ella entendía que era su «amigo».
Entre esos testigos, hubo quienes apuntaron a Sánchez Manzanares como la persona que llevó a Puertos del Estado a Soluciones de Gestión como proveedor, y su expresidente Francisco Toledo abundó en que fue el secretario quien gestionó realmente la adjudicación y llevó la «interlocución directa» con Transportes, según otro informe policial.
Desde Transportes se designó a Puertos del Estado como «el ente adecuado para la compra de mascarillas», según relató el subsecretario Jesús Manuel García, que aseguró que «no participó de ninguna manera directa o indirecta en la adjudicación de los expedientes».
En este punto, la Guardia Civil detectó «contradicciones» respecto a la versión del ex secretario general de Puertos, que aludió a reuniones con García en la que se les informó «que había un suministrador que tenía un stock disponible de 8 millones de mascarillas».
