Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad y a petición del Gobierno la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament itió a trámite el 20 de febrero para declarar la independencia de Cataluña.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Pleno del tribunal de garantías ha dictado una providencia en la que ite a tramite el recurso del Ejecutivo, lo que supone la paralización inmediata de la iniciativa legislativa, como así había pedido el Gobierno.
Aunque todos los magistrados y las magistradas han estado de acuerdo en la isión, las fuentes precisan que ha sido un debate «intenso» que ha girado en torno a cuestiones técnicas y que habido discrepancia en cuanto a los argumentos, porque había «distintos motivos» a la hora de justificar la isión a trámite.
De hecho, el debate se ha extendido durante hora y media, pese a que se trata de un recurso del Ejecutivo, cuya isión es en la mayoría de los casos casi automática, y de la amplia doctrina constitucional respecto del proceso independentista catalán.
El Govern recibe sin sorpresa la suspensión
El Govern ha asegurado este martes que «a muy poca gente le sorprende» que el Tribunal Constitucional haya suspendido la iniciativa legislativa popular, al tiempo que ha arremetido contra el Ejecutivo central por acudir a la vía judicial.
En la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha achacado el movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez, que fue el que llevó la ILP ante el Constitucional, a un «interés puramente electoral» que se explica por la proximidad de los comicios catalanes del 12 de mayo.
Con todo, ERC, que conforma en solitario el ejecutivo catalán, se abstuvo en la votación de la Mesa del Parlament con la que se itió a trámite esta iniciativa promovida por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), que sí reunió los votos a favor de Junts y la CUP y cosechó el voto en contra del PSC, así como un informe consultivo negativo de un letrado.
Plaja ha remarcado, sin hacer mención a lo anterior, que «el posicionamiento del Govern sobre cómo avanzar hacia la independencia es claro: la vía de la negociación, una vez tras otra, para llegar al objetivo final».
Un procedimiento «sin apenas precedentes»
Y es que el asunto no era nada sencillo ya que se trata de «un procedimiento escasamente utilizado», «sin apenas precedentes» puesto que no es un recurso de inconstitucionalidad contra una ley sino un recurso de impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley, cuyo objeto es el acuerdo de la mesa del Parlament de itir a trámite la iniciativa legislativa popular.
De hecho, el último precedente fue la isión a trámite por la mesa de la asamblea del País Vasco del plan Ibarretxe, que el Gobierno de José María Aznar recurrió y el TC rechazó su isión, lo que no ha sucedido en este caso.
Cuando anunció el recurso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que su postura es «es absolutamente coherente» con la política del Gobierno y añadió que el Ejecutivo va en contra de cualquier iniciativa «que sea divisiva, fracture la sociedad y genere tensión» como cree que ocurriría con la tramitación de esta ILP, que también ha sido recurrida por el PSC .
La Mesa del Parlament itió a trámite esta iniciativa promovida por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC y a pesar del informe consultivo negativo de un letrado.
