Madrid (EFE).- Dos policías heridos en los disturbios en la plaza de Urquinaona de Barcelona el 18 de octubre de 2019 en protesta por la sentencia del ‘procés’, han declarado ante el juez del caso Tsunami que ese día temieron por su vida y llegaron a pensar que los manifestantes «buscaban un muerto» entre los agentes.
Los dos, que han coincidido en destacar la perfecta organización de los manifestantes para causar daño y la «violencia extrema» que vivieron, han comparecido este martes como testigos en esta causa abierta por delitos de terrorismo y en la que están personados como acusación particular.
Piden ser reconocidos como víctimas del terrorismo
Los dos ya han reclamado al Ministerio del Interior ser reconocidos e indemnizados como víctimas del terrorismo por los daños físicos y secuelas sufridas en esos incidentes, tras los que tuvieron que pasar a la jubilación anticipada por incapacidad permanente.
Uno de los agentes que ha declarado ante el juez Manuel García Castellón recibió un golpe en la cabeza por el que tuvo que ser ingresado en la UCI, mientras que el otro sufrió una «grave fractura» abierta en el radio de su brazo derecho mientras formaba parte del operativo que en ese momento contenía a los manifestantes.
Este último es Ángel, que tras comparecer ante el juez, ha atendido a los medios a la salida de la Audiencia Nacional visiblemente emocionado.
«Sí que sentí en algún momento peligro por mi vida»
«Sí que sentí en algún momento peligro por mi vida. De hecho mi integridad física resultó dañada gravemente y tengo secuelas psíquicas», ha asegurado este agente antidisturbios de la Policía Nacional a preguntas de los periodistas, que también le han preguntado por su opinión acerca de la amnistía a los implicados en el ‘procés’.
Sobre ese asunto sin embargo no ha querido responder y ha subrayado que él sólo quiere que se haga Justicia y que los hechos de Barcelona «no se vuelvan a producir porque fueron una auténtica salvajada». «Nos consideramos víctimas del terrorismo y que tenga las repercusiones que tenga que tener», ha manifestado.
Y es que, este veterano agente de la UIP, que durante su carrera ha estado en múltiples manifestaciones, ha sostenido que en ninguna de ellas sufrió una violencia de tal magnitud como la que hubo ese día en la plaza de Urquinaona, según él «la más dura de todas».
Cómo se produjo el ataque
Ha relatado también cómo se produjo el ataque en el que ambos policías resultaron heridos.
En su caso fue un adoquín de grandes dimensiones lanzado desde la azotea de un edificio el que impactó en su brazo derecho y le provocó una fractura abierta por la que ya ha sido tres veces intervenido y que le ha dejado una cicatriz de 18 centímetros que le recuerda todos los días lo sucedido y le dificulta «pasar página».
A la gravedad de las heridas que sufrieron se sumó la dificultad para que las ambulancias acudieran al lugar donde estaban interveniendo por estar las calles cortadas y el traslado desde la Jefatura de Policía al hospital podía demorarse más de 45 minutos.
De hecho, el agente que resultó gravemente herido en la cabeza también por un adoquín sufrió convulsiones cuando llegó a la Jefatura y de ahí tuvo que ser trasladado al hospital, donde tuvieron que poner seguridad policial para evitar que llegaran hasta allí los manifestantes, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Hablan los letrados
Los dos policías están representados por el abogado José María Fuster-Fabra, quien también ha hecho declaraciones tras la comparecencia de sus patrocinados, a los que ha acompañado también el portavoz nacional del sindicato policial Jupol.
El letrado ha insistido en que los dos han destacado ante el juez que estaban convencidos de que los manifestantes querían que hubiese un muerto, un agente fallecido, y ha resaltado que la violencia extrema «todo el mundo la recuerda» por las imágenes que pudieron verse en televisión ese día.
Respecto a la organización que observaron en los manifestantes, Fuster-Fabra ha señalado que los dos agentes han relatado que percibieron que sabían donde estaban ubicadas las diferentes unidades y cuando se les agotaba el material antidisturbios aprovechaban para atacar y esa unidad tenía entonces que ser remplazada por otra.
Grupúsculos bien organizados
Se trataba por tanto de grupúsculos bien organizados que colaboraban entre ellos. En total, según han dicho, tuvieron que enfrentarse a entre unas 2.000 o 3.000 personas que les atacaron con mucha violencia y virulencia.
Durante la comparecencia, el abogado Benet Salellas, que representa a investigados en el caso Tsunami, ha preguntado a uno de los agentes si había estado imputado en relación con los disturbios de esos días, que se localizaron también en el aeropuerto de El Prat.
En este punto, García Castellón le ha advertido al policía que su declaración en esta causa era como testigo y que, si la respuesta le podía ocasionar perjuicio por tener un posible procedimiento abierto por otros hechos, no estaba obligado a contestar, por lo que el agente ha declinado responder.
«La imputación del resultado material de las lesiones y de los daños causados a TD no resulta gratuita, y por el contrario se ve reforzada por la consciencia que desde la organización se tenía del peligro que podía suponer la tensión a la que transmitía la organización en la calle en esos momentos», argumentó García Castellón al aceptar la personación de los dos policías heridos en el caso Tsunami.
Denuncia de los investigados de Tsunami
Por otro lado, los investigados en la causa de Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, han denunciado que se use «la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida».
Así lo han expresado en un comunicado este martes los investigados en la causa, donde además de Puigdemont también está su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg o el periodista Jesús Rodríguez, entre otros.
La carta también cuenta con el apoyo de los partidos independentistas -JxCat, ERC, la CUP- y de Òmnium Cultural.
Críticas de los investigados a la Justicia
Los investigados denuncian que se enfrentan a una «causa política por parte de unos tribunales que no son competentes ni tampoco imparciales», y que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo «se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley».
Además, señalan que la amnistía «cumple los estándares internacionales, tal como ha confirmado la comisión de Venecia».
Los firmantes del comunicado también han manifestado que al «uso fraudulento del delito de terrorismo» se suman «años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales en el tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados en Cataluña».
«Situación de indefensión jurídica», según los investigados
Los firmantes subrayan que la movilización vinculada a Tsunami Democràtic fue «la respuesta de miles de ciudades de Cataluña que en otoño de 2019 ejercieron derechos fundamentales para protestar, en el marco de la acción no violenta» contra la sentencia condenatoria a los líderes del ‘procés’.
El encarcelamiento de los líderes del ‘procés’ «fue denunciado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos».
Además, ha recordado que el Gobierno tuvo «que conceder los indultos a los presos políticos; las Cortes españolas reformaron el Código Penal eliminando el delito de sedición y ahora la amnistía está en fase de tramitación parlamentaria».
