Madrid (EFE).- El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene esta semana una cita doble en los juzgados: el lunes declara como imputado por presunto fraude a Hacienda y el viernes debe ratificar la querella que interpuso contra dos fiscales por informar sobre datos de su causa.
De investigado junto a cuatro personas por defraudar presuntamente 350.951 euros a acusación particular contra el fiscal que precisamente le investiga y su superior.
Las comparecencias de este empresario ante la Justicia marcarán la agenda judicial madrileña de esta semana por un caso que empezó como una supuesta defraudación con un intento de conformidad y que ha acabado poniendo en el foco la actuación del Ministerio Público y del propio fiscal general del Estado.
El supuesto fraude con facturas falsas y el intento de pacto
El pasado 5 de marzo la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados contra Alberto González Amador y otros cuatro empresarios al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso -que vio en esta causa una campaña en su contra-, por su enriquecimiento durante la pandemia. Un juzgado la itió a trámite unas semanas después.
Fue la titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid, ante la que están citados los cinco entre el lunes y el martes, que ha visto «la posible existencia de indicios» de dos delitos contra Hacienda por defraudar supuestamente 350.951 euros entre 2020 y 2021 y de otro de falsedad documental por facturas que no se correspondían con los servicios prestados, presuntamente aportadas para reducir la cuota tributaria a pagar.
La investigación de la Fiscalía, que ahora dirige la magistrada y que tiene como origen un informe previo de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador era único, apunta también a que los otros cuatro imputados habrían colaborado girando facturas.
González Amador se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos a cambio de llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que se redujese su eventual condena tras el pago de una multa, según las conversaciones entabladas por su abogado, Carlos Neira, y el fiscal.
El 2 de febrero, el letrado envío a la Fiscalía un documento de ocho páginas titulado «propuesta de conformidad penal» en el que comunicaba que la pareja de Díaz Ayuso «acepta íntegramente» la comisión de dos delitos y proponía aceptar una pena de ocho meses de prisión y abonar unos 525.000 euros.
La querella contra los fiscales que se hace hueco en la Justicia
El pasado 7 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó investigar la querella de González Amador contra el fiscal que le investiga, Julián Salto, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta responsabilidad en la difusión de dicho comunicado.
Y es en el marco de esta segunda causa en la que González Amador debe comparecer el viernes para ratificar su querella, al igual que el Colegio de la Abogacía de Madrid, que es acusación popular.
El juez instructor quiere saber quién fue «el máximo responsable» que autorizó que se publicara aquella nota de prensa, en la que la pareja de Díaz Ayuso cree que se incurrió en presunta revelación de secretos al dar detalles sobre conversaciones entre su abogado y el fiscal, al considerar que afecta a su derecho de defensa.
Sin embargo, la Fiscalía defiende que aquel comunicado «se limitó a proporcionar información veraz» sin desvelar «datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya difundidos en diferentes medios de comunicación» y ante la «reiterada demanda informativa existente».
