Madrid (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha calculado que la ley de amnistía puede afectar al menos a 486 encausados en 86 procedimientos penales que se están tramitando en diferentes juzgados del país, esencialmente en Cataluña.
Un día después de la entrada en vigor de la norma, el ministerio fiscal ha hecho públicos los datos recabados por las diferentes fiscalías territoriales acerca de los procedimientos penales a los que podría ser de aplicación la ley de amnistía, que afecta a hechos relacionados con el «procés» entre 2011 y 2023.
No obstante, la Fiscalía precisa que no a todos estos procedimientos puede serle de aplicación la norma al no estar incluidos algunos delitos en el texto legal, como por ejemplo el de odio, que puede investigarse junto con otros en alguna causa.
Los cálculos del ministerio fiscal se centran en los procedimientos que siguen tramitándose en juzgados y tribunales del país, es decir, no entrarían las causas archivadas o con condenas ya cumplidas, pese a que en este último caso también podría tener efecto la amnistía en la cancelación de antecedentes penales.
Al margen de los penales, también hay otros procedimientos istrativos o contables -como el de los gastos del «procés» del Tribunal de Cuentas- que la ley de amnistía busca beneficiar.
Hace meses, el Gobierno calculó que podrían ser 372 las personas implicadas en procesos penales beneficiadas por la ley, una cifra de afectados que desde el independentismo se multiplicó: Junts habló del millar, ERC de 1.500 y Ómnium lo eleva a 1.600, al sumar todos ellos a los sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana.
El Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJ catalán
Entre los casos que pueden verse afectados por la amnistía se encuentra la causa principal del «procés» que se ha investigado en el Tribunal Supremo por sedición (un delito ya desaparecido), malversación y desobediencia, y que se divide en dos ramas: los líderes independentistas ya condenados, con Oriol Junqueras a la cabeza; y los huidos, entre ellos Carles Puigdemont.
El expresidente de la Generalitat también está implicado en otro procedimiento investigado en el Supremo, el de los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic de octubre de 2019 en Barcelona, un caso que también se instruye en la Audiencia Nacional respecto a aquellos que no están aforados, como la dirigente de ERC Marta Rovira.
A esa investigación por terrorismo se une otra, también seguida en la Audiencia, que la Fiscalía incluye entre las causas que podrían verse afectadas por la amnistía: la que mantiene a la espera de juicio a doce de los Comités de Defensa de la República (CDR) por planear acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en respuesta a la sentencia del «procés».
Esos son los únicos procedimientos penales que se tramitan fuera de Cataluña, donde su Tribunal Superior de Justicia mantiene dos causas por desobediencia, prevaricación y malversación, como la de los preparativos del referéndum del 1-O, en la que están acusados los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.
Barcelona acumula el mayor número de causas
Del total de causas contabilizadas por la Fiscalía, la mayoría (39) se encuentran en la provincia de Barcelona, tanto en su Audiencia Provincial (5), como en juzgados de instrucción y de lo penal de la ciudad condal o de diferentes municipios.
Entre las 18 causas que acumulan juzgados de la ciudad de Barcelona figura el que ha investigado los preparativos para el referéndum, que mantiene procesados a una treintena de cargos del Govern que presidió Puigdemont y empresarios; el caso Volhov, donde un juez ha investigado una supuesta injerencia rusa en el «procés»; o el procedimiento abierto contra medio centenar de policías por las cargas del 1-O.
Los procedimientos recabados por la Fiscalía incluyen delitos económicos como malversación, blanqueo, fraude o cohecho, pero también coacciones, falsedad, desórdenes públicos, daños, lesiones, contra la integridad moral, torturas o tratos degradantes, entre otros.
Además de Barcelona, juzgados de Sabadell, El Prat del Llobregat, Cerdanyola del Vallés, Mataró, Martorell o Terrassa, entre otros, también llevan algunas de esas causas.
Tras Barcelona, Girona es la siguiente provincia con más procedimientos (19) en su Audiencia Provincial, juzgados de lo penal de Girona y otros en Figueres y en Bisbal d’Empordà; seguida de Tarragona (12), que tiene causas en localidades como Reus, Tortosa o Valls. Lleida, se encuentra en último lugar con 7 causas, según los cálculos de la Fiscalía.
Los fiscales del procés se niegan a la amnistía para la malversación y desafían al fiscal general
Los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del procés han insistido en que no se puede amnistiar el delito de malversacion a los condenados y fugados por ser «improcedente y contraria a las leyes», y abren la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación.
Esta es la respuesta que ya tiene sobre la mesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este martes les pidió que elaborasen un «informe procesal» y «no genérico» como el presentado hace días, en el que ya recogían su postura contraria a la malversación.
Además, los fiscales adelantan que en caso de que García Ortiz no acepte sus argumentos, «deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada», y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general y por eso los fiscales avanzan que si García Ortiz pretende amnistiar la malversación «será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por el mismo o quien designe a tales efectos», como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, que se apartarían de la causa.
Los argumentos de los fiscales
Todo ello porque los cuatro fiscales – Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- piden dejar fuera de la amnistía la malversación ya que entienden que «la Ley excluye de su aplicación los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial».
Esto afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito, que son el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y también concierne a tres de los fugados que son el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.
Los fiscales explican que «resulta indudable» que todos ellos «como receptores de los gastos sustrajeron por sí mismos caudales públicos», para lo cual «no recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros».
Y lo hicieron «para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos».
El PP pide a Von der Leyen que actúe contra la ley de amnistía
En el terreno político, Dolors Montserrat, la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE a la reelección, Ursula von der Leyen, para pedir que esta institución actúe contra la ley de amnistía, una vez que ha entrado en vigor.
En la misiva, que el PP ha trasladado a los medios, Montserrat denuncia que la ley de amnistía «supone un ataque frontal al Estado de Derecho en España» con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «sólo busca borrar los delitos (incluidos los de corrupción o terrorismo) a otros políticos a cambio de permanecer en el poder».
En el texto, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo niega que la amnistía pretenda la reconciliación y sostiene que por contra es «profundamente divisiva y ha generado un profundo rechazo en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española» apuntando que así lo reconoció la Comisión de Venecia.
Además, le dice a Von der Leyen que la amnistía «no tiene cabida ni en la legislación española ni en la Constitución» y recuerda que lo mismo defendía el Gobierno de España «antes de necesitar los votos de los que redactaron esta amnistía y son hoy los beneficiarios de ella».
