Madrid (EFE).- La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha rechazado haber recibido ninguna instrucción o indicación para adjudicar un contrato de suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión -del conocido como caso Koldo-, y ha reiterado el contexto de premura que había en pandemia para conseguir material.
La también ex secretaria de Estado de Transportes ha declarado este lunes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que está a cargo de esta causa, que tiene entre sus principales investigados a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Habla de presiones para comprar rápido
Como hizo en su declaración ante la Guardia Civil y en la comisión de investigación en el Senado, Pardo de Vera ha negado haber recibido instrucciones para adjudicar un contrato a la empresa Soluciones de Gestión, pero ha aludido a las presiones existentes en aquel momento por adquirir el material sanitario de forma rápida, según explican a EFE fuentes jurídicas.
Tanto Pardo de Vera como otros dos altos cargos de Adif citados este martes han sido preguntados por la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y, según las fuentes consultadas, han señalado que se trata de un informe incompleto.
Uno de los testigos, el directo financiero y de control de Adif, Manuel Fresno, ha negado que sean suyas algunas manifestaciones que se le atribuyen en el informe y ha indicado que se limitó a proporcionar información comercial.
Preguntado por otros investigados de la trama, la expresidenta de Adif ha indicado que conocía al empresario Víctor de Aldama, considerado por la Fiscalía un «comisionista», de verlo con frecuencia en el Ministerio de Transportes cuando ella iba a ver al ministro.
En una de sus resoluciones, el juez Ismael Moreno llegó a decir que Aldama tenía un «pase especial» en el Ministerio y sabía de antemano los procesos de adjudicación que iban a salir.
Entre los contratos de material sanitario que investiga el magistrado se encuentra el que adjudicó Adif en marzo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión por 12 millones y medio de euros.
Piden la imputación del expresidente de Puertos del Estado
Por otro lado, la acusación popular que ejerce la organización ultracatólica Hazte oír ha solicitado la imputación del expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.
En su escrito, al que ha tenido EFE, la acusación alude a la declaración del ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, investigado en esta causa, que indicó que hubo «ciertas reticencias por parte de su equipo sobre la decisión de adjudicar el contrato investigado» a la empresa Soluciones de Gestión por un suministro de mascarillas.
Explica que este investigado alegó que «se optó por seguir las directrices del Ministerio y que se siguió adelante con la adjudicación (…) por decisión» de Francisco Toledo.
Y menciona que no ha quedado «acreditada ni la razón por la que se realizó un pago anticipado o abono a cuenta a la entidad adjudicataria ni el exacto procedimiento por el que se regía dicho pago, ni la justificación del mismo».
