Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido a los gobiernos autonómicos que atiendan a las peticiones que han hecho muchos municipios y declaren zonas tensionadas para intervenir en el mercado del alquiler y «poner coto a las dinámicas de especulación y de acaparamiento».
«Los precios de la vivienda en Cataluña han bajado un 3% en el último año, es la única comunidad autónoma donde esto ha sucedido y la única comunidad también que ha declarado zonas tensionadas en municipios donde vive hasta el 80% de la población catalana», ha manifestado Bustinduy, quien ha asistido en Las Palmas de Gran Canaria a la XVII Cumbre Cotec Europa.
El ministro pidió a las demás comunidades autónomas que procedan a declarar zonas tensionadas «para poder dar pasos para garantizar el derecho al efectivo a una vivienda» cuya dificultad de «es la primera emergencia y el primer problema para las mayorías trabajadoras».
El efectivo a una vivienda es un derecho básico «sin el cual es absolutamente imposible garantizar cualquier otro derecho», ha enfatizado el ministro, y ha recordado que «el aumento desbocado de los precios» lo convierte en «absolutamente inabordable para millones de familias en las Islas Canarias».
El precio de la vivienda ha aumentado más de un 8 % en el último año y un 80 % en la última década, ha subrayado el ministro, quien ha vinculado la «turistificación masiva» con las dificultades de a la vivienda de las familias trabajadoras.
El impacto del turismo sobre la vivienda
Bustinduy se refirió a las propuesta de Sumar para la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2025, como prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas para un uso diferente al residencial o para alquiler asequible.
«Canarias tiene uno de los índices más altos de compra de vivienda por parte de no residentes extranjeros», una situación «sangrante», ha dicho al respecto.
Otra de las propuestas es «acabar de una vez con la proliferación de los pisos turísticos ilegales» y «gravar fiscalmente el uso turístico de las viviendas».
Afirmó que la única manera de poder solucionar «la realidad estructural de la vivienda» es «intervenir el mercado» de forma valiente y decidida, con ambición, porque el derecho a la vivienda es incompatible con «lógicas de especulación, de acaparación y de extracción de beneficios obscenos».
«Gran parte de la labor de redistribución de la riqueza que se está haciendo en España se la está quedando el mercado de la vivienda», denunció.
Para Bustinduy, los Gobiernos autonómicos pueden declarar zonas tensionadas y limitar de manera inmediata y efectiva el precio del alquiler en las grandes ciudades en España, y «si no lo hacen es porque no quieren».
«En Canarias hay 280.000 viviendas vacías, muchas de ellas pertenecen a los bancos» y una de las variables es poder movilizar la vivienda vacía mediante la fiscalidad y la regulación, ha expresado.
La preocupación por la inmigración
Sobre la reciente encuesta del CIS que sitúa la inmigración como el principal problema del país, Bustinduy vinculó esas respuestas a la instrumentalización y tratamiento político e informativo de la realidad de la migración, sobre la cual se requiere «responsabilidad, cooperación y solidaridad», como ha demostrado la sociedad española.
España «no es un país racista, no es ese país temeroso que nos quieren hacer creer», es un país «que tiene una larga historia y un profundo conocimiento de lo que significa tener que emigrar por razones económicas o por razones políticas», subrayó el ministro.
Los emigrantes españoles «fueron acogidos en muchísimos casos como nosotros deberíamos acoger a quienes vienen en las mismas circunstancias», agregó.
Bustinduy acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar «flirteando con la agenda de la extrema derecha» con su visita a Giorgia Meloni y de sumarse «a esa oleada internacional, la de Trump, para hacer de la migración el principal problema de la ciudadanía.
Sobre la atención a los migrantes menores de edad en Canarias, defendió que hace falta apoyo y solidaridad, algo que está bloqueando «la derecha y la ultraderecha desde hace meses».
«España es un país comprometido con los derechos humanos, es un país solidario, es un país que aspira a la justicia social, no es ese país tenebroso, temeroso y racista que quieran dibujar algunos», sostuvo el ministro de Derechos Sociales.
Sobre el debate político en España en relación a la situación en Venezuela, Pablo Bustinduy calificó de bochornosa la actuación del Partido Popular, «cuyo único interés es intentar desgastar al Gobierno» y eludiendo cualquier responsabilidad y «altura de Estado». EFE
