Madrid (EFE).- PSOE, Sumar y Bildu han llegado a un acuerdo para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, que, entre otras cosas, acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma y rebajará la penalización de la desobediencia, que pasará de ser infracción grave a leve.
Así consta en el acuerdo al que ha llegado Bildu con los dos partidos que forman el Gobierno y que este jueves han hecho público sus diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu.
Con este acuerdo se desbloquea la reforma de la ley mordaza, al presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación relacionados con las faltas de respeto a la autoridad; desobediencia y resistencia; devoluciones en caliente y, especialmente, el uso del material antidisturbios.
Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la ley que sustituirá a la actual, aprobada en 2015, tiene ya más visos de prosperar una vez que comience la tramitación de un texto que, según Bildu, incluirá lo ya acordado en estos años de negociaciones y las aportaciones de los diferentes grupos.
Se suprimirán de forma progresiva
Respecto a las pelotas de goma, el acuerdo prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos.
El acuerdo pretende también acabar con las sanciones «injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas» en las faltas de respeto a la autoridad. Con ello, se quiere «blindar» la libertad de expresión.
Así, se considerarán infracción leve «los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».
Sobre las faltas de respeto a la autoridad, pasará de considerarse infracción grave a leve.
Policías y guardias civiles creen que les desprotegerá
Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han coincidido este jueves en rechazar la reforma de la ley al entender que «desprotege” a los agentes y merma el principio de autoridad.
Ibón Domínguez, portavoz de Justicia Policial (JUPOL), ha mostrado su “absoluto rechazo y repulsa” a la modificación de la norma, que supone “la pérdida total del principio de autoridad” en los supuestos de desobediencia y faltas de respeto a los agentes.
Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) lamenta “la falta de apoyo y reconocimiento” y la “continua puesta en tela de juicio” de la labor policial, dos cuestiones que “debilitan” su capacidad para desempeñar sus funciones adecuadamente.
Y la Confederación Española de Policía (CEP) ha tildado la reforma como “el mayor ataque a la operatividad” de los agentes “en toda la democracia”, al incidir en que convertir en leve la infracción grave de desobediencia y faltas de respeto situará a los profesionales de la seguridad pública en un escenario de “desprotección y riesgos”, así como retirar las pelotas de goma
Los guardias civiles creen que la ley les pondrá en peligro
Por otro lado, la de la Guardia Civil Jucil ha mostrado su “preocupación y rotundo rechazo” al pacto, que “pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas”.
Junts negociará los cambios y Podemos los cree estéticos
En contra de la iniciativa se ha mostrado el PP, que ha prometido revertir la normativa anunciada porque, según ha denunciado el portavoz popular Borja Sémper, «protege a los violentos, legitima a Bildu y deja indefensas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en nuestras calles y en nuestras fronteras».
Por su parte, fuentes del PSOE han recordado que su voluntad «ha sido y es derogar los aspectos más lesivos» de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, al ser medidas que «vulneran y recortan derechos y libertades democráticas de la ciudadanía», al tiempo que insisten en su disposición para seguir negociando con todos los grupos.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado en una rueda de prensa su malestar por no haber formado parte de las negociaciones, pero ha subrayado que «lo importante es que salga adelante la reforma», por lo que firmarán la iniciativa aunque presentarán enmiendas
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha celebrado también el acuerdo, que va en el camino de «recuperar las libertades públicas» y los derechos que fueron «limitados por el PP».
Más crítico se ha mostrado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, quien ha calificado el acuerdo de “retoque estético” porque no deroga la ley mordaza, al tiempo que ha anunciado que votarán en contra si no se incluye la prohibición «expresa» del uso de balas de goma y las devoluciones en caliente. Critica además que quede fuera la derogación de las devoluciones ilegales de personas migrantes.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha subrayado que su formación «siempre» ha defendido la derogación de esta norma así como una «ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña» y ha avanzado que presentarán enmiendas al texto acordado, porque su partido «negocia, no hacen adhesiones».
Desde el Gobierno, el ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha incidido en que el acuerdo era una «prioridad absoluta» para su formación y ha advertido de que lo que queda ahora es «no olvidarse» de otras medidas dentro del plan de regeneración del Ejecutivo entre las que está la modificación del Código Penal para los delitos de libertad de expresión.
También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en que los grupos que participaron en la negociación en la anterior legislatura «coincidan en que los planteamientos de entonces siguen estando vigentes».
