Barcelona (EFE).- Una jueza ha rechazado aplicar la amnistía a cinco manifestantes por el intento de asalto en la comisaría de Vic (Barcelona) en las protestas de febrero de 2021 por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, al concluir que esos hechos «no tienen relación» con el ‘procés’ catalán.
Así lo ha acordado la titular del juzgado de instrucción número 1 de Vic en un auto, al que ha tenido EFE, en el que desestima la petición de los investigados, que solicitaron ser amnistiados alegando que su caso, abierto por los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, estaba vinculado al ‘procés’ porque en la protesta pro-Hasel también hicieron proclamas independentistas.
Por el contrario, la jueza concluye que los hechos investigados en este caso están relacionados con la detención de Hasel, «lo que significa que no tienen relación» con el primer artículo de la ley de amnistía, que limita el perdón a los actos vinculados entre 2011 y 2023 en el contexto del proceso independentista catalán.
Delitos contemplados en la ley del olvido penal
La jueza subraya que solo se pueden amnistiar los delitos que se encuentren «específicamente» contemplados en la ley del olvido penal y que, en este caso, los hechos «no se ajustan a los supuestos previstos», por lo que no se les puede aplicar el perdón.
En concreto, la magistrada apunta que, tras analizar el caso, se ha determinado que los hechos «de violencia» ocurridos en Vic tras la detención de Hasel, en los que se provocaron daños en vehículos policiales y en la fachada de la comisaría y en los que varios mossos resultaron heridos, no se encuentran «incardinados» en el ámbito de aplicación establecido en la ley de amnistía.
Por este motivo, desestima la petición de los investigados, en consonancia con lo que argumentaron también los abogados de varios de los mossos heridos -representados por los servicios jurídicos de los sindicatos USPAC y SPC-.
En sus recursos para que no se les aplicara la amnistía a los investigados, los mossos personados en el procedimiento alegaron que el caso no tenía ninguna vinculación con el ‘procés’.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de febrero de 2021, en las protestas por el encarcelamiento de Hasel, cuando unos 400 manifestantes, tras causar daños en el juzgado, atacaron con piedras y objetos de grandes dimensiones la comisaría de los Mossos en Vic, a cuyo interior lograron acceder.
Antidisturbios para contener a los manifestantes pro-Hasel
Los agentes que custodiaban la comisaría activaron el código 33, para situaciones de «extrema gravedad», ante lo que tuvieron que intervenir los antidisturbios para repeler a los asaltantes.
Tras el ataque, en el que una docena de mossos resultaron heridos, el conseller de Interior de la época, Miquel Sàmper, se llegó a plantear si se podía mantener el modelo de comisarías de proximidad o si era necesario mejorar su protección, denunció la «violencia gratuita» en las protestas pro-Hasel y advirtió de que la violencia «no estará nunca amparada, permitida ni tolerada».
Con la amnistía ya en vigor, cinco investigados pidieron que se les aplicara la ley del olvido, alegando que Hasel había criticado a las estructuras del Estado español, como el poder judicial o la monarquía, y que las manifestaciones en su apoyo también se convocaron para denunciar la «ola represiva» que sufrió Cataluña tras el 1-O.
También apuntaban que la protesta de Vic la convocaron varias entidades independentistas y que los manifestantes corearon consignas para exigir la libertad de Hasel, pero también a favor de los «represaliados» por el ‘procés’ y de la independencia de Cataluña.
El sindicato SPC pide penas de hasta cinco años de cárcel para los investigados en este proceso, mientras que USPAC solicita penas de hasta tres años de prisión.
