Madrid (EFE).- La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que si la Mesa del Congreso no rectifica y la ley de antecedentes penales no vuelve a ser votada en la Cámara Baja, la Cámara Alta planteará un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. En el Senado los populares cuentan con mayoría.
García lo ha indicado así en una rueda de prensa en el Senado, tras considerar que es «inisible» que la Mesa del Congreso haya decidido que se publique la ley que permitirá que algunos etarras computen sus tiempos de prisión en otros países de la Unión para su condena en España, obviando que «el veto» del Senado está avalado por los letrados.
Pide al Congreso una rectificación
La portavoz del PP ha informado de que su grupo ha registrado una solicitud para que el Senado requiera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, y ha adelantado que si no lo hace, acudirán al Tribunal Constitucional mediante el conflicto entre órganos constitucionales, algo inédito entre las dos cámaras legislativas.
García ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de haber decidido «boicotear una vez más las competencias del Senado», por la decisión de la Mesa, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, de llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la ley de antecedentes al entender que el supuesto veto de la Cámara Baja no era válido por haberse hecho fuera de plazo.
El PP considera que, como sí fue un veto, solo puede levantarlo el Pleno del Congreso en una nueva votación, y por eso les parece «inisible el acuerdo de la Mesa del Congreso, que ha despachado este asunto sin ningún informe jurídico que lo avale, y usurpando la capacidad de interpretar el Reglamento del Senado, que no le compete», ha explicado García.
El Congreso estudiará la petición del Senado
El Congreso de los Diputados estudiará, como siempre hace, cualquier petición del Senado, que instará de nuevo a la Cámara Baja a reconsiderar su postura sobre la aprobación de la ley de antecedentes penales.
Fuentes de la Mesa del Congreso han indicado que si el Senado le solicita una rectificación se le dará la oportuna respuesta e insisten en que no hay ninguna voluntad de contribuir a conflictos ni tensiones entre ambas instituciones.
Desde el Congreso apuntan que si finalmente se planteara un conflicto de atribuciones ello permitirá ajustar más los plazos y facultades del Senado, al tiempo que insisten en que el caso es claro. Las mismas fuentes consideran que el Senado ha cometido infracciones de bulto en su tramitación, incluyendo un error palmario como el de haber vulnerado el plazo constitucional de 20 días naturales para su paso por la Cámara Alta.
El pleno del Senado avalará la petición
El pasado miércoles, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ya envió una petición de rectificación a la Mesa del Congreso, en la que adjuntó el informe jurídico como aval a su decisión de entender que la votación plenaria del lunes había servido como veto.
Ahora, una petición de rectificación similar será llevada a un Pleno del Senado para que la refrende la mayoría absoluta, y además servirá como paso previo para plantear el conflicto entre órganos constitucionales.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Congreso tendrá un plazo de un mes para responder a esa petición formal del Pleno, y si no contesta, será trascurrido ese mes cuando el Senado podrá plantear el conflicto.
Fuentes del PP han indicado a EFE que este requerimiento formal no entrará en el orden del día del pleno de esta próxima semana, por lo que es previsible que sea votado en el Senado el miércoles 30.
En cualquier caso, fuentes del Congreso han informado a EFE de que el texto de la ley, tras la decisión de su Mesa del martes, ya ha sido remitido para su publicación en el BOE, la cual pasa antes por Moncloa y Zarzuela, ya que es al rey a quien constitucionalmente compete la sanción y promulgación de la ley.
El Constitucional nunca ha tenido que resolver un conflicto así
Desde que se aprobó la LOTC hace 45 años, nunca ha tenido el Tribunal Constitucional que resolver un conflicto entre el Congreso y el Senado, y tan solo en cinco ocasiones se han planteado conflictos de atribuciones, con implicación en estos casos del Judicial o del Ejecutivo, no entre las dos cámaras de las Cortes Generales.
El Senado ya amagó esta legislatura con estrenar un conflicto con el Congreso, tras aprobar el 10 de abril en pleno un requirimiento formal para que la Cámara Baja retirase la ley de amnistía, pero el 16 de mayo dio marcha atrás y en otra sesión plenaria aprobó no acudir al Tribunal Constitucional.
