Madrid (EFE).- La Fiscalía ha acusado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de hacer «inferencias» que corresponden a un juez y no a un policía en el primer informe aportado a la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo.
Este lunes se ha hecho público un informe de la UCO que atribuye una «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
Se trata de una de las principales conclusiones que recoge el documento sobre el material incautado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al que ha tenido EFE, una vez que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha alzado el secreto del sumario de dicho informe.
«El informe no aporta ninguna prueba»
Fuentes fiscales afirman a EFE que «el informe no aporta ninguna prueba» y que «hace inferencias», y eso, consideran, «es una labor judicial, no de la policía».
El informe, además, apunta a una «primera filtración» a la prensa el día 12 de marzo en elDiario.es, «supuestamente realizada por la Fiscalía General», que «desvela que existe una investigación» por un presunto delito fiscal hasta el punto de sostener que «la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado».
Pero las fuentes consultadas destacan que el informe «se olvida de que la denuncia la tenía el decanato de Plaza de Castilla, Hacienda y la Fiscalía Superior de Madrid».
En este sentido, si que quieren dejar claro que «dar una denuncia no es delito» porque «si es una causa relevante con interés informativo, se hace pública la información».
En cuanto a los correos, aseguran que se olvida de la publicación de la Sexta, que es anterior a la de la Cadena SER, y de «la obligación legal de los fiscales de dar cuenta a los superiores de los asuntos importantes».
El Gobierno defiende al fiscal general
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la polémica en torno al presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha defendido al fiscal general del Estado al estimar que solo aclaró el «bulo que había distribuido» el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
