Madrid (EFE).- El Ministerio del Interior ha localizado a 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial gracias a los datos aportados por agentes turísticos mediante el nuevo registro de viajeros, que empieza a funcionar de forma obligatoria el próximo lunes, pero ya está operativo desde 2022.
Fuentes de Interior han explicado que ya han aportado datos a la aplicación 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos.
Todos estos agentes han facilitado 4,77 millones de datos de s y ello ha permitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado localizar a 15.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o en el sistema de información de Schenguen.
Estas más de 15.000 personas están vinculadas con operaciones policiales, pero no significa que sean delincuentes en potencia, sino que puede darse el caso de que únicamente se requiera alguna información valiosa para el caso, normalmente de terrorismo, criminalidad organizada o criminalidad grave.
No habrá nueva prórroga
El Ministerio descarta prorrogar una vez más la puesta en marcha del registro de viajeros, que entra en vigor el próximo lunes 2 de diciembre, y ya había sido aplazada tres veces.
El sistema que el lunes se activa, mediante la aplicación informática en la que los agentes tienen que volcar la información de sus clientes, solo requiere datos que ya se están facilitando y que no suponen ningún añadido ni obligaciones adicionales.
Además, el Ministerio trabaja en una orden ministerial que pretende facilitar la recogida de datos y que se someterá a audiencia pública para que los representantes del sector puedan hacer sus aportaciones.
Las agencias de viajes no debían quedar ajenas a estas obligaciones, han señalado las fuentes, que comprenden «los elementos diferenciadores que expresan las agencias», pero añaden que se trata de una norma dirigida a garantizar la seguridad, por lo que «no se puede permitir que nazca con huecos» que puedan ser usados por los delincuentes.
Contra la queja de las agencias de viajes, representadas por las asociaciones Ceav, Fetave, Acave y Unav de que la nueva norma exige recoger datos que incluso afectan a la intimidad de las personas, el Ministerio de Interior aclara que no introduce exigencias de información adicional a la que ya se solicita actualmente.
La obligación de incorporar los datos a la aplicación no tiene por qué traducirse en costes, según Interior, que considera que no requerirá inversiones adicionales, como sí señalan las agencias.
El Gobierno descarta que la nueva norma tenga una finalidad recaudatoria o sancionadora, aunque sí incorpora sanciones, que pueden llegar hasta un máximo de 30.000 euros.
Su finalidad es disponer de información «precisa e indispensable» para las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la normativa estaba obsoleta (el registro de pernoctaciones existe desde 1959 y el control de alquiler de vehículos desde 1974) y no recoge las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas, los portales y las centrales de reservas digitales.
Los datos a aportar
Según recoge el Real Decreto 933/2021, los obligados a aportar la información son los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, cámpines, zonas de estacionamiento de autocaravanas, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico.
También deben facilitar esta información los operadores turísticos que presten servicios de intermediación, las plataformas digitales que den servicios en España y las alquiladoras de vehículos sin conductor.
Los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad) y los datos de la transacción.
Además, los proveedores del servicio tienen que comunicar su nombre, DNI o CIF, municipio, provincia, teléfono, dirección de correo electrónico, web de la empresa, datos del establecimiento y otros de la transacción, como el tipo de pago, el titular del medio de pago o la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria, entre otros.
Las agencias alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95 % son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo; y alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y sobre un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.
También los hoteleros, a través de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), han mostrado su rechazo a la norma, que «podría» vulnerar derechos fundamentales de privacidad y «amenaza con complicar y entorpecer» la experiencia de millones de visitantes, además de que supone una «merma» a la competitividad de España como destino.
