Madrid (EFE).- PP y Vox han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «imitar» al líder chavista venezolano Nicolás Maduro, y de «querer convertirse en rey» para ser inviolable y buscar la impunidad e indultos a su familia inmersa en causas judiciales, pero el PSOE niega que ese sea el fin de la proposición de ley de reforma de la Justicia que han registrado en el Congreso.
Ambos partidos han arremetido duramente contra Sánchez por la reforma de la ley del PSOE que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, una iniciativa enfrentada por las asociaciones de jueces y fiscales.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez, de «imitar» a Maduro, al que ha calificado de «dictador», y de cambiar la ley para que no juzguen a su familia, en alusión a las causas judiciales abiertas contra la esposa y el hermano de Sánchez.
Proposición de ley
En un acto con presidentes autonómicos del PP este domingo en Oviedo, ha argumentado que la proposición de ley se traduce en realidad en «indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país».
Para Feijóo «la idea de impedir que la Justicia investigue a la familia del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas».
Igual de duro ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que cree que la norma refleja «la clarísima intención de Pedro Sánchez de convertirse en el rey». «Quiere ser totalmente inviolable e impune, él y su familia», ha subrayado en una entrevista en OK Diario.
Abascal ha dicho que votarán en contra de esta medida cuando se debata en el Congreso y que hará todo lo que esté en sus manos para frenarla, sin descartar la acción judicial, aunque ha advertido de que el Tribunal Constitucional está ahora en manos del PSOE y ello gracias al Partido Popular, ha apuntado.
Desde el PSOE, la secretaria de Política Económica y Transformación Digital, Enma López, ha afirmado que no plantean eliminar la acusación popular sino «limitarla» o «acotarla».
«No parece lógico que sean partidos políticos o asociaciones afines a los partidos políticos quienes utilicen esa figura. Y no se está suprimiendo en ningún caso», ha señalado a los medios.
Además ha criticado que el PP vea esta reforma judicial como una herramienta para dar «carpetazo» a la investigación contra la mujer del presidente, Begoña Gómez o a los causas por presunta corrupción que afectan al PSOE o al Ejecutivo.
Más prudente ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha apuntado que «están por ver las consecuencias sobre procedimientos ya iniciados», aunque lo que sí ha defendido es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
«No creo que ese delito deba figurar en el Código Penal, me parece bien que se suprima», ha dicho Puente en una entrevista en la Cope, en la que se ha declarado católico, pero ha asegurado que no le ofende el momento de LalaChus en las Campanadas de TVE mostrando una estampita con el rostro de la vaquilla de El Grand Prix.
Al margen de los partidos, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha denunciado que la norma es una reforma constitucional «encubierta» con la que, a su juicio, el presidente del Gobierno «acaba de dar un golpe de Estado».
«El Gobierno está caminando hacia una tiranía», ha criticado la asociación en un comunicado, que considera que pretende «el control de todo el sistema judicial por la puerta de atrás con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno».
Migrantes menores no acompañados
Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos de su partido han pedido que el Gobierno central «asuma la atención y financiación directa de los migrantes menores no acompañados» en la actual «situación crítica», por la saturación de los recursos centros y la magnitud de la emergencia en Islas Canarias y Ceuta.
El PP recuerda que su posición es la recogida en el acuerdo que Feijóo suscribió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y que entre otras medidas reclama que el Ejecutivo asuma la financiación de la acogida cuando las plazas autonómicas para la atención de menores estén llenas al 100 % y también la gestión cuando superen el 150 %.
Y a continuación, da un paso más y sostiene que «en coherencia con dicho documento y dada la saturación en las comunidades», que consideran consecuencia del «fracaso» del Gobierno, exigen que «el Ejecutivo central asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados en estas situaciones críticas».
«El Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas», ha exclamado Feijóo durante el acto público en Oviedo en el que ha dado a conocer el contenido de la Declaración de Asturias.
Además, ha defendido que el Ejecutivo no solo debe asumir «la tutela directa de aquellos menores que ya no caben en los centros de menores» autonómicos, sino también asumir su responsabilidad estructural y «sellar las fronteras» para acabar con el negocio de redes criminales que trafican con personas.
Cuando el Gobierno y Canarias ultiman un acuerdo para un nuevo reparto puntual de menores solos entre el resto de autonomías, el líder de la oposición ha advertido al Ejecutivo de que «mientras no cambie» no contará con su apoyo.
Feijóo ha defendido que otros países europeos abordan la cuestión migratoria con «determinación», mientras que al Gobierno de Pedro Sánchez le ha acusado de callar ante la «condescendencia de terceros países» con quienes trafican con personas y le ha reprochado que no pida ayuda a la Unión Europea.
Acuerdo adoptado en la Declaración de Canarias
En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, ha destacado que el acuerdo adoptado en la Declaración de Canarias supone pedir «que el Gobierno asuma la gestión de igual manera que lo hace con los adultos de los menores no acompañados».
Los populares consideran, y así lo ha explicado Domínguez, que la ley para tutelar a los menores en desamparo, está concebida para niños de cada autonomía que se quedan en desamparo, «sin que nadie les pueda tutelar», pero no «para momentos extraordinarios y de emergencia que sufrimos en este momento».
El PP ha reclamado, en boca del vicepresidente canario, un cupo mínimo de acogida para cada comunidad autónoma y que, hallada esa cifra, asuman la acogida en su totalidad hasta el 100 % de su capacidad, con financiación estatal hasta el 150 % y después que se haga carga enteramente el Gobierno central.
«Hoy en día tenemos una inversión de 160 millones de euros para atender a los menores no acompañados, no hay territorios donde poder atenderles, no hay profesionales para poder atenderles y si esta situación continúa vamos a llegar al momento del desborde absoluto», ha recalcado.
