Madrid (EFE).- El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que la filtración del interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá sobre una presunta agresión sexual por parte del exdiputado Íñigo Errejón evidencia que era «imprescindible» cambiar la ley para que los casos de violencia sexual sean abordados en juzgados especializados.
Bolaños y la ministra portavoz, Pilar Alegría, se han pronunciado así sobre la actitud del juez Adolfo Carretero al tomar declaración el pasado jueves a la actriz que denunció a Errejón por presunta agresión sexual.
Las imágenes de la declaración se difundieron este lunes en varios medios de comunicación y se ve cómo el magistrado pregunta a Mouliaá «para qué se sacó el miembro viril» Errejón durante el encuentro que ella denunció, o cómo le espeta: «¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?».

El ministro ha afirmado que «se evidencia que lo que hemos hecho es imprescindible», en referencia a la aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, para que los casos de agresiones sexuales «se conozcan en secciones especializadas en tribunales de instancia, para que los jueces y magistrados que los conozcan, tengan un conocimiento profundo de estas cuestiones, sepan cómo tratar y cómo encarar este tipo de declaraciones y además, también se les pueda formar con mayor especialización».
Ha recordado que será en septiembre cuando será una realidad «que haya jueces con un nivel de especialización, de información, máxima para que no podamos ver declaraciones interrogatorias como la que vimos ayer», y ante las que «mucha gente se ha sentido abochornada».
Previamente, el ministro ha expresado su preocupación por el hecho de que declaraciones de este tipo se filtren y sean «de conocimiento general», algo que se produce con frecuencia a pesar de que tratarse de cuestiones «sensibles y muy íntimas».
Por su parte, la ministra Pilar Alegría ha asegurado que las imágenes del juez interrogando a Mouliaá le han «dolido mucho, profundamente», y ha expresado también su preocupación por «esa facilidad y esa normalidad» en las filtraciones.
«Lo que se debe es valorar las pruebas y sobre todo no cuestionar a las víctimas. Y por eso le tengo que decir que como mujer me he sentido muy dolida», ha dicho, añadiendo que cree que este sentimiento lo comparten muchas mujeres.
El CGPJ incide en la protección de las víctimas
Por su parte, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la filtración y ha destacado que la ley exige una protección especial de la intimidad de las víctimas de violencia sexual.
En un comunicado, la presidenta del Observatorio, Esther Erice, ha subrayado que confía en que la especialización de los juzgados en violencia sexual y la formación específica en esta materia «aporte una mejora sustancial en la instrucción y resolución» de los delitos sexuales.
Erice ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una «especial protección» de la intimidad de las víctimas de violencia sexual, pues prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a su identidad, «de aquellas circunstancias que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares».
El comunicado del Observatorio, también suscrito por la vocal conservadora Esther Rojo, incide en que las declaraciones de Mouliáa y Errejón ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid forman parte de un «proceso en trámite» y que, por tanto, «cualquier valoración podría constituir una intromisión en la función jurisdiccional del titular del órgano, cuyas actuaciones están sometidas al sistema de recursos».