Madrid (EFE).- El Gobierno ha aprobado el anteproyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad para el que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reclamado el mismo consenso que permitió la reforma del articulo 49 de la Constitución para que «vea la luz cuando antes».
Bustinduy ha desmentido «categóricamente» que se hayan congelado los fondos para la dependencia en 2024 y ha destacado que, pese a la prórroga presupuestaria, se incrementaron en 213 millones de euros y se completaron transferencias a las comunidades de los fondos europeos por más de 2.000 millones de euros. «Son cantidades sin precedentes en nuestro país».
Frente a las críticas, ha recordado que la financiación a la dependencia ha aumentado un 150 % desde el año 2018 y un 200 % desde el año 2014, y ha expresado el compromiso de mantener «esa senda de incremento histórico en los próximos presupuestos del estado.
«Venimos de una época en la que los recortes del PP prácticamente desmantelaron el sistema de la dependencia y este Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes no para revertir aquellos recortes, sino para proyectar el sistema de la dependencia hacia las necesidades del siglo XXI», ha aseverado.
Se acabó el tiempo de las macrorresidencias
Según ha explicado tras el Consejo de Ministros, la reforma aprobada en primera vuelta por el Ejecutivo revierte los recortes del gobierno del PP, garantiza más derechos y amplía el catálogo de servicios para avanzar hacia un modelo de cuidados que respete la preferencias de las personas y ofrezca atención más personalizada.
Bustinduy ha recordado que la mayoría de los dependientes prefieren permanecer en sus domicilios el máximo tiempo posible y en este sentido, ha sido tajante al afirmar que «el tiempo de las macrorresidencias se acabó», en referencia con la posibilidad de que la Comunidad de Madrid apueste por este modelo.
«Hay que apostar por un modelo radicalmente contrario», ha señalado tras recalcar que con la pandemia «aprendimos que el modelo de macrorresidencias no es lo que deseamos ni para nosotros ni para los que queremos».
Como novedades, la norma suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, expande la ayuda a domicilio a otras tareas como la compra o realizar trámites y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo para que tenga una cobertura universal y «con un enfoque preventivo».
Obras de accesibilidad en las comunidades de vecinos
El anteproyecto elimina el periodo suspensivo de dos años para prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que estableció el PP y amplía la prestación para cuidados a personas allegadas atendiendo a las nuevas situaciones de convivencia, como vecinos o amigos.
Establece el reconocimiento automático a cualquier dependiente de una discapacidad del 33 % para ahorrar cargas istrativas y establece obligaciones a las comunidades de realizar obras de accesibilidad (ascensores, rampa…) si lo solicita un vecino.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad, se crea un fondo estatal y se reforma la ley de propiedad horizontal «para ampliar y facilitar los supuestos de obligatoriedad de las obras necesarias en edificios y viviendas». Se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad.
Fuentes de Derechos Sociales remarcan que la reforma establece condiciones mínimas y básicas, y que todo lo que plantea es de obligatorio cumplimiento.
Una vez se apruebe la ley, se debe actualizar el Real Decreto que regula las prestaciones tras acuerdo en Consejo Territorial, y ya actualizado se adapta en la normativa de las comunidades autónomas.
