Madrid (EFE).- La decisión de si la despoblación debe figurar entre los criterios de cálculo de la financiación autonómica en el nuevo modelo se ha colocado en el centro del debate a partir de un documento remitido por el Ministerio de Hacienda a las comunidades, criticado, entre otros, por el gobierno de Aragón.
El documento, sobre el que han trabajado este miércoles los gobiernos central y autonómicos en una reunión técnica y al que ha tenido EFE, señala, a partir de los comentarios hechos por las propias comunidades a un informe anterior, que «una mayoría de comunidades no es partidaria de incluir una variable específica de despoblación».
Las autonomías que están en contra
Indica en concreto que «todas las CCAA son partidarias de descartar esta variable, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León (La Rioja no se pronuncia al respecto)».
El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha replicado que en realidad son al menos seis comunidades -Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura- las que se mostraron a favor de incluir, «de una forma u otra», la despoblación como factor a tener en cuenta en el próximo sistema de financiación autonómica.
Fuentes de Hacienda han dicho al respecto que el documento se ha redactado teniendo en cuenta las opiniones recibidas desde todas las comunidades al informe de 2021 para empezar a trabajar en la reunión técnica celebrada hoy y que no es que en el Ministerio consideren que hay que eliminar la variable correctora de despoblación sino que una mayoría de territorios lo han pedido.
Además de Azcón, que en una carta remitida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la que ha informado hoy su ejecutivo le indica que todo el parlamento aragonés apoya esta postura, el presidente de La Rioja, el también popular Gonzalo Capellán, ha defendido este miércoles que se incluya la variable correctora de la despoblación o su comunidad perdería entre 100 y 200 millones de euros.
Castilla-La Mancha pide un fondo adicional
Por su parte, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha explicó ayer martes que lo que trasladó a Hacienda es que la despoblación como tal debe estar en un fondo adicional, al margen del sistema de financiación, dentro de políticas de desarrollo regional.
En la reunión de hoy, según ha informado el PP, los representantes de Hacienda de las comunidades que gobierna han criticado que no exista una propuesta de reforma de la totalidad del sistema y que el encuentro se haya limitado a debatir “única y exclusivamente” uno de los criterios de la reforma: la población ajustada.
Por eso han exigido a Hacienda que presente una propuesta general de reforma del modelo y han solicitado saber con cuánto dinero plantea el Ministerio incrementar el sistema de financiación y un fondo de transición, después de que Montero cifrara el aumento de recursos en 16.000 millones de euros durante su etapa como consejera de Hacienda de Andalucía.
