Un joven en la capital alavesa. EFE/ L. Rico

Sanidad y las comunidades aprueban el primer plan antisuicidio con medidas de prevención

Madrid (EFE).- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado este viernes el primer plan nacional para la prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año.

‘El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027’ es un compendio de 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.

Apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos (ellos se suicidan mucho más).

Las comunidades del PP rechazan el plan de salud mental

Por otro lado, las comunidades del PP han rechazado el ‘Plan de acción de salud mental 2025-2027’ ante las críticas que ha recibido por parte de expertos independientes y sociedades científicas de Psiquiatría, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento.

Solo Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra han apoyado el citado plan, que aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor «prescripción social» a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil, han informado a EFE fuentes del Consejo Interterritorial.

Pese a que comparten la necesidad del plan y el trabajo realizado por los técnicos, las comunidades populares consideran que el plan se debe seguir trabajando y no precipitar su aprobación para contar con el apoyo de todos los expertos.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) se quejó, en una carta remitida a la comisionada de Salud Mental, Belén González, a la que ha tenido EFE, de que el documento final, que no se les remitió, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a reunir este viernes a las comunidades para analizar el plan de salud mental, con el que se pretende humanizar la atención reduciendo el uso de psicofármacos o los ingresos forzosos, y el de prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. EFE/Chema Moya

Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027

El «Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027» aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor «prescripción social» a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica. También recoge una regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.

Elaborado por el Comisionado de Salud Mental, las comunidades, sociedades científicas, asociaciones y organizaciones de distintos ámbitos, el documento se justifica en que la salud mental es uno de los grandes desafíos del sistema sanitario, particularmente tras la pandemia, que elevó «sustancialmente» la prevalencia de la ansiedad y la depresión.

Priorizar los grupos de mayor riesgo

Al tratarse de un fenómeno «complejo y multicausal», es muy difícil predecirlo, pero el plan aboga por priorizar los grupos de mayor riesgo: personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos; con discapacidad; mayores; adolescentes y jóvenes; LGTBIQ+; en riesgo de pobreza y exclusión social; las que sufren violencia; pacientes con enfermedades graves o dolor, y las privadas de libertad en centros penitenciarios.

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Un hombre mira por la ventana de su oficina. EFE/Miguel Toña

El documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.

Tanto el de salud mental como el de prevención del suicidio contarán con un presupuesto aún por definir cuya distribución entre comunidades estará supeditado «al cumplimiento de acciones» recogidas en ambos según los criterios debatidos con el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del SNS que serán sometidos a la aprobación posterior del pleno del Interterritorial.