València (EFE).- El aviso enviado a los móviles de la población valenciana con el consejo de evitar desplazamientos a las 20:11 horas del pasado 29 de octubre, el día de la dana, fue «notablemente tardío» y «errado en su contenido», pues muchas víctimas murieron en sus casas, en los garajes o en la vía pública.
Las muertes se podían haber evitado
Así lo señala en un auto la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), que centraliza la investigación judicial sobre la gestión de la dana, quien también afirma que los daños materiales, que afectaron a centenares de miles de personas, «no se podían evitar, las muertes sí».
En otro auto, la jueza señala que «la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos» -en las inundaciones murieron 224 personas y hay tres desaparecidas todavía- y el objeto de la investigación se ha de centrar «en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse».
La titular del juzgado afirma que es «evidente la imposibilidad absoluta de los cuerpos de bomberos de evitar o simplemente reducir el altísimo número fallecimientos o las lesiones que tuvieron lugar el 29 de octubre, aun en el supuesto de una correcta y adecuada organización y despliegue de dichos cuerpos».
Según expone, «no se puede establecer una relación de causalidad entre los fallecimientos» y la inactividad de los bomberos a la que aluden algunos denunciantes, por cómo perdieron su vida las víctimas: «el torrente de agua y barro que anegaba las calles, la altura a la que llegó el agua, hacía inviable que los vehículos de bomberos se introdujeran por las calles al objeto de salvar a la población que perecía ahogada».
El auto relata que el volumen de agua «arrastraba automóviles, furgonetas, que chocaban entre sí, contra las viviendas, flotaban y arrastraban en muchas ocasiones a conductores que no podían escapar de su interior» y añade que «mucho menos era factible que de manera individual los bomberos se desplazaran entre las calles».
La jueza considera que «la tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político», mientras que «es el nexo causal lo que ha determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal».
Por otra parte, La Vanguardia publica este miércoles que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegara a la reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencia, y mantuviera una reunión a solas con él para lanzar la alerta el día de la dana.
Uno de los últimos requerimientos de la jueza a la Generalitat ha sido que informe si concurrió y se integró en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) «alguna otra autoridad» distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la dana, entre su convocatoria, a las 17:00 horas, y hasta las 20:11h, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert.
